En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se debilitaron presupuestalmente al menos cinco instituciones que son cruciales o fundamentales para prevenir y combatir la corrupción en el país.
Un análisis realizado por la organización Fundar al Anexo Transversal Anticorrupción (ATA) del Presupuesto de Egresos de la Federación, señala que las instancias más debilitadas fueron la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción con una reducción de 40 por ciento de sus recursos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) con una disminución de 25 por ciento.
Mientras que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) presentó una reducción de 18% y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de 17% si se comparan los recursos de 2018 con lo destinado en 2024. Finalmente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presenta una reducción de 5.77% de sus recursos.
En contraste, la Secretaría de la Función Pública tuvo un aumento de 36 millones de 2018 a 2024, que representa un 2.21% y la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) que pasó de ser una unidad administrativa a una fiscalía y por ello aumentaron sus facultades y su presupuesto. Sin embargo, señala el estudio, es la instancia que menos recursos recibe en proporción con sus pares.
Fundar señala que aun cuando el combate a la corrupción se planteó en los principales ejes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador éste no ha sido una prioridad en el presupuesto.
“La tendencia presupuestaria de las principales instituciones anticorrupción ha ido a la baja, demostrando que no existe un compromiso real para fortalecer las capacidades institucionales para combatir la corrupción. Aunado a ello, el Ejecutivo ha rechazado públicamente la utilidad del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y ha delegado gran parte de sus acciones anticorrupción a instituciones que no forman parte de este”, sostiene.
El análisis, no obstante, advierte que en 2023 y 2024, el Anexo Transversal Anticorrupción tuvo un aumento progresivo; se incrementaron sus recursos en 77% y 27% respectivamente y en 2023 se logró establecer legalmente en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, asegurando así su permanencia año tras año en el presupuesto federal.
Además, apunta, han aumentado el número de instancias que han integrado su presupuesto; en 2021 se componía por 10 unidades responsables y en 2024 cuenta con 30. De igual manera, “la publicación del Plan de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción ha permitido definir acciones específicas de las instancias para ejercer la lucha contra este fenómeno”.
El 32% del total del ATA lo componen los recursos que destina la ASF, le sigue el CJF con 18% la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 16%, la SFP con 15% y la Secretaría de Educación Pública con 12%, el resto de las unidades administrativas aportan el 7% restante.
Pero únicamente tres de las seis entidades anticorrupción etiquetan el 100% de sus recursos al ATA: la ASF, la FECC y la Sesna. Por el contrario, instancias que realizan funciones relevantes en materia de combate y control de la corrupción destinan menos del 10% de su presupuesto a esta herramienta presupuestaria, el INAI etiqueta 6.57% de sus recursos, el TFJA 3.70% y el CJF 2.33%.
