El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta a las madres y padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, en la que sostiene nuevamente que no hay ninguna prueba que vincule al Ejército mexicano con la desaparición forzada de los jóvenes.
A cinco días de concluir su mandato y a 10 años de la desaparición de los estudiantes, el mandatario también culpó a Gildardo López Astudillo, uno de los miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, de no registrar avances en las investigaciones para encontrar a los 43 jóvenes “porque se ha negado a colaborar”.
“No ha sido posible avanzar más porque el personaje principal que mencioné (Gildardo López), que permanece en la cárcel, no ha mostrado voluntad para seguir cooperando, aun cuando él tiene la comunicación y el contacto con otros integrantes de la organización Guerreros Unidos, policías municipales de Iguala, Cocula y autoridades locales que saben de lo ocurrido o participaron en la desaparición de los jóvenes”, escribió en su carta.
López Obrador recordó que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió “dar carpetazo” a la desaparición forzada de los jóvenes a través de una “verdad histórica” en la que se aseguró que habían sido asesinados y quemados en el basurero de Cocula, Guerrero, por los integrantes de Guerreros Unidos, con la complicidad de policías y autoridades locales.
Esta versión, continuó, fue sostenida por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y por Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal. “Dicha conclusión fue parcialmente descalificada, en particular lo relativo a la incineración de los jóvenes en ese sitio, pues, como fue probado por peritos en la materia, resultó completamente falsa”.
El presidente también criticó la intervención en este caso de organizaciones defensoras de derechos humanos, de abogados “supuestamente defensores de la causa” y de representantes de las madres y padres de familia de los estudiantes desaparecidos, quienes promovieron y aprobaron una sentencia en el Poder Judicial de la Federación, la cual, bajo el alegato de que los detenidos habían sido torturados, posibilitó la liberación de 65 de los responsables de la desaparición.
“Aunque algunos de los excarcelados habían efectivamente sido víctimas de tortura, otros no, y la mayoría había participado en la desaparición de los jóvenes”, agregó.
El mandatario afirmó que “extrañamente” los encargados de la Fiscalía Especial, ministerios públicos y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en vez de celebrar la decisión que tomamos de solicitar órdenes de aprehensión contra el ex procurador Murillo Karam y miembros del Ejército, se opusieron rotundamente a esta medida, hasta el punto que el Fiscal Especial renunció y la mayoría de los miembros de la Comisión de la OEA se retiraron.
“Asimismo, conviene subrayar que con el paso del tiempo, y por intereses políticos ajenos a la investigación, tanto del país como del extranjero, empezó a manejarse la versión de parte de los defensores de las madres y padres de los estudiantes que los responsables de la desaparición de los jóvenes habían sido miembros del Ejército”.
Esta conjetura fue impulsada, dijo, por la “seudoperiodista Anabel Hernández, quien incluso escribió un libro llamado La verdadera noche de Iguala, publicado en 2016, en el cual se atrevió a afirmar, sin ninguna prueba, como ya se los expresé en la carta anterior, que los estudiantes habían secuestrado sin proponérselo un camión con heroína con destino a Estados Unidos”.
