Mario Romero/Álvaro Morales
A 9 meses de haber sido avalada por la mayoría del Congreso estatal, la diputada morenista Concepción Rueda Gómez informó hoy que el proceso de impugnación que promovió en contra de la reforma que establece que el próximo periodo gubernamental sea de dos años, continúa vigente en el Poder Judicial de la Federación.
La legisladora reiteró que al Poder Legislativo de Oaxaca debería sentirse avergonzado por haber avalado aquella modificación, que se traducirá en que la mujer que sea electa gobernadora de la entidad en 2028, únicamente permanezca en el cargo hasta 2030.
Lo anterior volvió a ser calificado como una afrenta contra la igualdad de generó.
“Nosotros estamos esperando que tenga avance. Por el tema del (paro) en el Poder Judicial se quedó un poco rezagado, pero por supuesto que vamos a seguir insistiendo”, dijo este viernes en conferencia de prensa.
“Si después de 200 años va a haber la posibilidad de que una mujer gobierne el estado, por qué tendrían que ser dos años. Nos impediría a las mujeres hacer un desarrollo social, económico y político del estado como lo hace cualquier hombre”, reiteró Gómez ante la prensa.
El 13 de diciembre de 2023, con 33 votos a favor y cinco en contra, diputadas y diputados de la 65 Legislatura aprobaron una reforma a la Constitución que establece que la próxima gubernatura del estado será por un periodo de dos años.
Lo anterior, fue avalado con el argumento de generar concurrencia con las elecciones federales y municipales de 2030.
Sin embargo, la medida fue rechazada por un sector de la población, pues el recorte de la próxima administración afectará a un gobierno que por primera vez deberá ser encabezado por una mujer.
“Me parece que esa limitación es una gran desventaja para las mujeres y una vergüenza que se hubiera votado, honestamente”, agregó Gómez.
Este día, la diputada local rindió su informe de actividades.
Previo a ello, también criticó que en el actual gobierno estatal no se ha respetado la ley que ordena dejar fuera de la función pública a toda aquella persona sobre la que recaigan antecedentes de violencia de género.
“Siguen muchísimos funcionarios con un cinismo muy claro donde se burlan incluso de las mujeres que están pidiendo que se les pague la pensión alimenticia de sus hijos o que son violentadores y lo siguen siendo y siguen trabajando”, recriminó.
En ese sentido, reiteró que tanto a las ciudadanas y funcionarias, de manera individual, como a organizaciones de la sociedad civil, no les quedará de otra que seguir denunciando tales irregularidades.
