La organización Fundar aseguró que el desafío más grave que enfrentará la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, es la desaparición de personas que se intensificó a partir de la llamada “guerra contra el narcotráfico” y con la violencia asociada a la estrategia de seguridad militarizada.
Este Centro de Análisis e Investigación, puntualizó, que a la fecha, al menos 115 mil 275 personas se encuentran desaparecidas de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO); de ellas, aproximadamente el 85 por ciento ocurrieron a partir de diciembre de 2006.
“La actual presidenta de México tiene una invaluable oportunidad para el establecimiento de acciones dirigidas a dar un tratamiento digno, respetuoso de derechos y que se basen en los mayores estándares de protección”, agregó.
Y urgió a Claudia Sheinbaum a reconocer la magnitud de la problemática y que presente lo antes posible una estrategia clara para poder enfrentar una situación que demanda un tratamiento prioritario e impostergable.
En el marco de la conmemoración de la matanza del 2 de octubre de 1968 ocurrida en la Ciudad de México durante el movimiento estudiantil, la organización afirmó que han identificado la existencia de un marco institucional permisivo de la perpetuación de dinámicas de violencias y violaciones a los derechos humanos que ha llevado a una “impunidad activa”.
“La cual no deriva únicamente de la ausencia de capacidades de las instituciones, sino de una estructura de intereses que se benefician de la manipulación del proceso de la aplicación de la ley”.
También reclamó la falta de voluntad estatal en la búsqueda e investigación, donde las víctimas y familiares se enfrentan a un sinnúmero de desafíos estructurales y sistémicos en el acceso a la justicia en los tres niveles de gobierno, que se acentúan en un marco de actuación estatal caracterizado por una complicidad entre autoridades y delincuencia organizada.
“La inacción y falta de capacidad del Estado ocasiona que las y los familiares de personas desaparecidas se vean obligados a asumir los deberes del Estado en materia de investigación y búsqueda —ya sea de manera individual o colectiva, y con impactos agravados y diferenciados para las mujeres. Quienes, no solo padecen el trauma de la desaparición y la ruptura que este crimen ocasiona en todos los ámbitos de su vida, sino que se convierten en víctimas directas de la discriminación sistemática que impera en las instituciones del Estado”.
Fundar urgió a la creación de un mecanismo híbrido de justicia en materia de desapariciones, conformado por actores nacionales e internacionales. Su establecimiento, aseguró, permitiría contar con la labor de personal técnico con reconocimiento internacional, y con el entendimiento de la normativa, procedimientos y contexto mexicanos por parte de las autoridades nacionales respectivas.
