Pablo Vargas, presidente de CSW – organismo de derechos humanos que defiende la libertad religiosa -, aseguró que más del 20 por ciento de las minorías religiosas en México sufren persecución, con base a las investigaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Y Oaxaca, dijo, está a la cabeza de la lista de entidades del país con el mayor número de casos de persecución religiosa y discriminación.
Sin embargo, apuntó, el problema es que no existe un registro que contemple todos los casos, porque en la mayoría de ellos las personas son intimidades o discriminadas por sus propias familias o sus propias comunidades. “Así que, aunque esta estadística es alta, no existe un registro”.
La segunda causa del porqué no se registran todos los casos, es porque, cuando las víctimas llegan a instancias de derechos humanos, a las Fiscalías o a los Ministerios Públicos, las autoridades no saben distinguir estos casos y simplemente piden que se alineen, a las decisiones de las comunidad.
Eso también, señaló, habla de que los casos tienen que ver con comunidades indígenas o con un sistema normativo que se llama usos y costumbres, se les permite tomar decisiones que rebasan sus funciones y que tienen que ver con el día a día de las personas, lo cual es inconstitucional.
“Así que debido a todos estos problemas la solución también es aún más compleja porque las autoridades se ven impedidas incluso con sus propias funciones para encontrar soluciones y debido a que tampoco se existe una capacitación sobre el tema cuando los asuntos comienzan no se dan a conocer.
“En el mismo proceso se radicaliza y las autoridades se sienten ofendidas debido a que se les empieza a decir que sus decisiones no son legales, no son constitucionales. Entonces ellos lo toman como una ofensa y se radicaliza la violencia hacia las familias, hacia los representantes de la Iglesia y se empiezan a poner más restricciones para que las personas se alineen a las decisiones de la comunidad”.
El presidente de CSW, asociación que en México y en Latinoamérica se conoce como Impulso 18, dijo que este proceso no sólo ocurre en el estado, pero puntualizó que Oaxaca ha mostrado un agravamiento en los últimos años.
Oaxaca, añadió, está en el primer lugar respecto a la violación del derecho a la libertad religiosa, al menos directamente por el sistema de usos y costumbres, debido a las decisiones que pueden tomar estas autoridades o las asambleas, “que tampoco es democrática porque en la práctica las personas toman decisiones a mano alzada y nadie realmente puede decidir o pensar de una forma diferente porque también se ve condicionada y también se ve amenazada por esta situación”.
Pero también destacó a los estados de Guerrero, Chiapas y Jalisco. En estos tres estados, sin embargo, la persecución religiosa, intolerancia o discriminación está relacionada con la presencia del crimen organizado.
“La discriminación se debe a que en estos estados, el crimen organizado ha establecido un toque de queda o establecido actividades de hecho a través de los municipios, han negociado con las autoridades para establecer horarios, lugares y horas para salir, y horas para realizar diferentes actividades”.
En cada municipio de estos estados, dice, ha sido diferente y han pasado por diferentes etapas. “Creo que en un principio, estos municipios han caído en la mentira o en el engaño de que esto (el crimen organizado) iba a beneficiar económicamente a la comunidad, pero después se volvió un control total y estas mismas personas que habían prometido seguridad, generaron violencia mayor en las comunidades, pero ahora un control aún mayor para cualquier tipo de actividad”.
De acuerdo con Pablo Vargas, se han documentado casos en los que las actividades se tienen que suspender en las iglesias, porque el “grupo en el poder” ha decidido que nadie puede salir o entrar, o realizar actividades.
En Oaxaca, opinó que se tiene que trabajar con ambas partes: primero con las personas que están en las comunidades, que cada uno entienda cuáles son sus funciones y cada uno entienda cuáles son los límites de sus decisiones; y por otro lado, también capacitar a las minorías religiosas, a las iglesias y alianzas de pastores para que también puedan trabajar en conjunto con las comunidades. “Porque también este es un proceso de acuerdo y de una construcción de paz en conjunto y aún pensar en un cambio de mentalidad o cultural, eso ya es un proceso todavía mayor a largo plazo”, dijo.
A esto se suma una revictimización de las autoridades del Estado mexicano hacia las personas víctimas de intolerancia religiosa.
La persecución religiosa, explicó, es un problema que encubre detrás, otros problemas, como la falta de información, la pobreza y la discriminación.
