El presidente de Litigio Estratégico Indígena, Carlos Morales Sánchez, afirmó que la reforma judicial deja en la incertidumbre cuál será la actuación de jueces, magistrados y ministros, ante la resolución o ejecución de amparos promovidos ante la justicia federal.
En el marco de la ponencia “El camino hacia la justicia ambiental: desafíos y oportunidades para los defensores ambientales en Oaxaca”, explicó que la crisis constitucional en la que nos encontramos a partir de las modificaciones constitucionales que reforman el Poder Judicial de la Federación, persiste la idea de que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son tan poderosos por la votación legítima que recibieron en las urnas en la pasada elección, que para ellos desobedecer una suspensión provisional o una sentencia de amparo es legítimo para ellos.
Por ejemplo, opinó que existe el riesgo de que los amparos que han ganado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación al rescate de los ríos Salado y Atoyac, están en riesgo de su complimiento porque es Legislativo quien deben destinar recursos económicos para su cumplimiento, y el Ejecutivo es el responsable de ejecutar esos recursos económicos para la realización de obras con el fin de acatar las sentencias de amparo.
“Entonces tenemos un problema aquí, una gran dificultad, porque no sabemos qué va a pasar después de esta reforma. porque el gran temor entre los litigantes, es que la nueva planta de jueces y de magistrados estén alineados con el Poder Ejecutivo, alineados ideológicamente a la 4T. Nosotros no tenemos la seguridad de que eso suceda, pero existe ese temor de que ahora el Poder Judicial también esté controlado por el Poder Ejecutivo”.
Carlos Morales apuntó que eso es un gran riesgo, y los pequeños avances que han tenido en esta lucha por el medio ambiente, y que han ido abriendo poco a poco ante el Poder Judicial de la Federación, se restrinjan nuevamente.
“El gran temor que tenemos es, porque es posible que, nos encontremos con jueces alineados, ideológicamente a la 4T y ¿qué juez va a querer concederle un amparo a la Conagua?, ¿qué juez va a querer otorgar un amparo contra el titular del Poder Ejecutivo?”.
Además, el Presidente de Litigio Estratégico Indígena recordó que el derecho y la justicia ambiental en México ha tenido logros recientes y ha avanzado, incluso contra el mismo Poder Judicial de la Federación.
El primer enemigo que tuvieron en el camino, rememoró, cuando iniciaron la lucha legal por el rescate de los ríos de Oaxaca, particularmente el Salado y el Atoyac, fue el propio Poder Judicial de la Federación que en un primer momento ni siquiera admitió las demandas de amparo. Esta fue la razón, dijo, por la que tuvieron que recurrir a la SCJN para que ésta modifique su criterio y permitiera las demandas de amparo por afectaciones al medio ambiente.
“Porque los jueces de distrito y la propia Suprema Corte no admitieron este tipo de amparos, y eso pues no es una cuestión formal simplemente, sino que es una forma de menoscabar el derecho de las personas a proteger el medio ambiente”.
Fue hasta el 2015 y 2016, señaló, cuando la Suprema Corte empezó a sostener un criterio diferente y entonces empezó a admitir las primeras demandas de amparo por afectaciones al medio ambiente.
“Estos juicios de amparo que hemos ganado y que la Suprema Corte y el Poder Judicial de la Federación nos han concedido se encuentran en riesgo de su cumplimiento, porque nos enfrentamos al hecho de que las autoridades que deben cumplir la sentencias de amparo, son el Ejecutivo y el Legislativo”.
