Carlos Asúnsolo Morales, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), aseguró que Oaxaca se mantiene como uno de los estados más violentos para los defensores del medio ambiente, y en los últimos tres años, se ha ubicado en el primer lugar con el mayor número de agresiones.
Los otros estados más violentos para las personas defensoras ambientales, dijo, son los estados de Chiapas, Guerrero y Michoacán. Agregó, que esta violencia se enmarca en la ejecución de megaproyectos en sus territorios o en actividades relacionadas con la minería, entre otros.
Sin negar la gran responsabilidad del crimen organizado en las agresiones contra defensores, señaló que detrás de esta violencia generalmente existen intereses privados y públicos que trabajan de la mano con estos grupos criminales.
El objetivo de esta violencia, según el activista, es modificar patrones, dinámicas y comportamientos sociales para imponer ciertos intereses en los territorios donde se genera.
“No muchas veces detrás de la condena de estos hechos, se menciona que pasa un gasoducto por esa zona, que una mina tiene cierta actividad en ese territorio, o que hay el interés de generar una cierta rentabilidad económica de la extracción ilegal de la madera”.
La violencia lejos de ser un hecho aislado, puntualizó, tiene una finalidad política y económica, y la labor que hacen las personas defensoras del medio ambiente, particularmente a nivel local, afecta esos intereses.
“La segunda reflexión, es que esta violencia lejos de poner en riesgo al sistema político y económico, me parece que es funcional al sistema. México es uno de los lugares más inseguros para la labor del medio ambiente y los derechos humanos, esa violencia no ha terminado por poner en riesgo la implementación de los megaproyectos en este país, y el caso del Istmo es un claro ejemplo”.
Es decir, la violencia en las zonas del país donde se imponen megaproyectos o la extracción de recursos minerales por empresas mineras, no pone en riesgo ni al sistema político ni al económico; al contrario, explicó, es funcional a los intereses políticos y económicos.
Las mayores víctimas de estas agresiones, algunas de ellas fatales, son personas que integran las comunidades indígenas que defienden su territorio y el medio ambiente, así como personas integrantes de organizaciones de la sociedad civil.
Mientras que los principales agresores son el Gobierno, principalmente a través de corporaciones de seguridad pública como la Guardia Nacional, policías federales, estatales y municipales; y las empresas privadas, que en muchas ocasiones pactan con grupos criminales o de la delincuencia organizada.
