Desde su despenalización en el año 2019 hasta agosto de 2024, en el estado se han realizado 1 mil 995 abortos en clínicas y hospitales de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), según el Centro de Estudios de las Mujeres y Paridad de Género (Cempag) del Congreso local.
De estos, 1 mil 926 han sido intervenciones se realizaron antes de las 12 semanas de gestación y 69 han sido intervenciones relacionadas con embarazos con más de 12 semanas de gestación.
El Cempag también señala que, de acuerdo con el reporte generado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en el periodo comprendido de abril de 2007 al 30 de junio de 2024, se realizaron 424 interrupciones legales del embarazo a usuarias provenientes de Oaxaca.
“Al realizar un comparativo entre el reporte que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México generó en agosto de 2022 y el reporte del 30 de junio 2024, se muestra que las ILE (interrupciones legales del embarazo) realizadas a mujeres provenientes de Oaxaca pasaron de ser la cantidad de 401 a 424 respectivamente. De manera que entre el 31 de agosto de 2019 al 30 de junio de 2024, la cantidad de oaxaqueñas que viajaron a Ciudad de México para acceder a una ILE fue de 24.
“Contraponiendo estas cifras y las registradas de 2007 a 2020, se observa que, a partir de 2019, año en que se despenalizó la interrupción legal del embarazo, la cifra de usuarias provenientes de Oaxaca atendidas por los servicios de salud de la Ciudad de México, ha disminuido”.
Actualmente, en todo el territorio oaxaqueño existen 11 unidades de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca que brindan servicios de aborto: Hospital Dr. Aurelio Valdivieso, Hospital Comunitario de Sola de Vega, Centro de Salud con Servicios Ampliados de Tlalixtac de Cabrera, Clínica de la Mujer, Centro de Salud con Servicios Ampliados de San Jacinto Amilpas, Centro de Salud Urbano 1, Centro de Salud Urbano 2, Centro de Salud de Volcanes, Hospital Comunitario de San Pedro Tapanatepec, Hospital General de Tuxtepec y Hospital de Pinotepa Nacional.
“En relación al número de interrupciones legales de embarazo que se han practicado en las unidades de servicios de salud a partir de la Reforma al Código Penal de Estado de Oaxaca, hasta agosto de 2024 se realizaron 1926 interrupciones antes de las 12 semanas de gestación y 69 intervenciones después de las 12 semanas de gestación”.
El Cempag advierte que si bien, entre el periodo comprendido del 2022 al 2024 el número de unidades médicas que forman parte de los Servicios de Aborto Seguro (SAS) pasó de 3 a 11, la cantidad continúa siendo deficiente porque al analizar su ubicación, salta a la luz que siete se ubican en la región de Valles Centrales, específicamente en el municipio de Oaxaca de Juárez y alrededores, los cuatro restantes se encuentran cada uno en la Región del Papaloapan, Istmo, Sierra Sur y Costa.
“El acceso a la ILE en Oaxaca, a pesar de los avances legislativos, reflejan un fenómeno preocupante: la centralización de los Servicios de Aborto Seguro (SAS). Si bien algunas regiones como el Papaloapan, Istmo, Sierra Sur y Costa cuentan con al menos un SAS, su distribución es insuficiente para atender de manera equitativa a todas las mujeres oaxaqueñas. Es particularmente alarmante la situación en las regiones de la Mixteca, Cañada y Sierra Norte, donde no existen unidades de atención de este tipo, lo que obliga a las mujeres que buscan ejercer su derecho a la ILE a trasladarse largas distancias para acceder a estos servicios”.
El Centro de Estudios sostiene que esta realidad debe atenderse considerando el contexto socioeconómico de Oaxaca, uno de los estados con los mayores índices de pobreza en el país.
Lo anterior, porque las barreras de acceso a la interrupción legal del embarazo impactan de manera más severa a las mujeres que habitan en zonas rurales e indígenas, quienes, debido a la falta de infraestructura en los Servicios de Salud adecuado a sus regiones, enfrentan un riesgo aun mayor de recurrir a abortos en condiciones inseguras.
“Para estas mujeres, el costo y la dificultad de trasladarse a regiones donde existen los Servicios de Aborto Seguro representan una barrera económica y de logística”. De igual forma, apunta que a pesar de la legalización del aborto, las condiciones estructurales de inequidad persisten, exacerbando las desigualdades en el acceso a la salud reproductiva.
“Es crucial reconocer que, mientras no se amplíen los servicios de atención en todas las regiones del estado, las mujeres más vulnerables seguirán expuestas a riesgos innecesarios que ponen en peligro su salud, y por consiguiente sus vidas. La inaccesibilidad a la ILE no es solo una cuestión de disponibilidad de servicios, sino también de justicia social, particularmente en un estado donde la intersección de pobreza, ruralidad e identidad indígena agrava las desigualdades a las que se enfrentan las oaxaqueñas”.
El tema de aborto, dice, a pesar de ser una cuestión de salud pública, sigue abordándose sólo en el ámbito privado, lo que agrava la problemática al mantenerlo fuera del discurso público y de las políticas de salud efectivas.
Un claro ejemplo de esta insuficiencia, precisa, es que a cinco años de la despenalización del aborto en Oaxaca, la Secretaría de Salud de Oaxaca aún no ha planificado ni programado los recursos suficientes para garantizar el acceso a este derecho en su Programa Operativo Anual.
“En otras palabras, no existe un presupuesto etiquetado específicamente para asegurar la operación efectiva de unidades de interrupción legal del embarazo. Esta falta de previsión presupuestaria fue denunciada en 2022 por este Centro de Estudios en el estudio “Interrupción Legal del Embarazo: a tres años de su despenalización en el Estado de Oaxaca”.
El Cempag denuncia que la falta de recursos asignados para garantizar el acceso a una interrupción del embarazo legal, gratuita y segura, refleja una omisión del estado en su responsabilidad de garantizar los derechos reproductivos de las mujeres, lo que perpetúa la inaccesibilidad a un servicio vital para su salud y bienestar.
Y puntualiza que mientras no se resuelvan tanto la falta de cobertura como la carencia de información pública y su apropiada difusión, así como un presupuesto etiquetado, en la interrupción del embarazo continuará existiendo obstáculos que hacen de su acceso algo casi imposible para muchas mujeres, especialmente para las que viven en contextos de pobreza y marginación.
“Esto pone en evidencia la necesidad urgente de que las autoridades implementen políticas públicas con perspectiva de género e interseccionalidad para que todas las mujeres oaxaqueñas conozcan y ejerzan plenamente su derecho a decidir”.
