La mismísima Naciones Unidas se sumará ahora a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para exigir al gobierno de Oaxaca la inmediata aparición con vida de la activista defensora de derechos humanos, Sandra Estefana Domínguez Martínez de 38 años, y el de su pareja Alexander Hernández Hernández. Hay otras dos activistas desaparecidas, Claudia Uruchurtu, inglesa mexicana, e Irma Galindo, pero lo más insólito es que solamente en los diez primeros días de octubre han desaparecido quince mujeres, y en lo que va del sexenio primainfernal, la numeralia es de 653 desaparecidas; y esto tampoco incluye la estadística de feminicidios. ¿A cuánto ascendería el número de víctimas si se agregan los ejecutados y descuartizados en todo el Estado, principalmente en la zona del Istmo ocurridos en lo que corre de la administración morenista? Parecería que se están revolviendo peras y manzanas, pero no importa el orden de los factores, porque el resultado será el mismo; como dijera el mandatario “como nunca en otro gobierno”. El caso de la desaparición de la abogada Mixe y defensora de los Derechos Humanos nuevamente vuelve a poner a Oaxaca en todas las marquesinas del mundo, como fue el caso del director del Monte de Piedad Omar Julián Julián, quien fue llevado a la Corte Interamericana al ser denunciado por Lilia Altamirano por amenazas y acoso laboral, a tal grado, que temiendo por su vida tuvo que salir de Oaxaca. Otro affaire, también de poca, fue el asesinato por policías municipales del estudiante universitario Diego Ignacio Paz, considerado como una ejecución extrajudicial, ya que estaba sometido cuando le dispararon. Hechos punibles tan frecuentes ya no podrá el gobierno morenista de Oaxaca ocultarlos o pasarlos desapercibidos a pesar del discurso hiperbólico para cambiar una realidad y cuyos fracasos lo está llevando a extremos de intolerancia y abuso de poder.
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EN estos momentos, en el Palacio de Gobierno de Oaxaca, se ha de estar llevando a cabo un conciliábulo de futbol americano para encontrar una solución a la desaparición de la activista Sandra Domínguez Martínez y que deje fuera de foco al cuñado del secretario de gobierno Donato Vargas Jiménez, coordinador de los Delegados de Paz, pues la desaparición de la activista Mixe ya le dio la vuelta al mundo y el asunto lo llevarán instancias internacionales, como la misma ONU y además de solicitar su intervención para que rápidamente sea localizada, a la presidenta Claudia Sheinbaum. El gobierno no esperaba que la desaparición de la activista fuera a tomar tales dimensiones, a tal grado que el secretario de gobierno llevara a Donato Vargas a su rueda de prensa, donde una periodista lo encaró y le pidió que explicara las acusaciones que le había hecho la abogada desaparecida desde el día 4 de este mes. Cínicamente el tipo dijo que a pesar de que eran paisanos solamente una vez lo había ido a ver y que los señalamientos sobre su participación en el chat de Sierra XXX y otro que llamaron mega peda se debían a la “grilla política”, pero hay antecedentes de sucia pornografía, que el funcionario de marras los viene arrastrando desde 2020, cuando le fue integrada la carpeta de investigación por la Fiscalía Especializada para la atención a delitos contra la Mujer por Razón de Género. La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez lo denunció por violencia de género y a la que el gobernador nunca quiso darle audiencia. Por lo pronto el Fiscal del Estado en un noticiero nacional exoneró de culpa al funcionario y solo se refirió a que se había iniciado el protocolo para la búsqueda de la activista, aunque ya desde el mismo gobierno había empezado a ser criminalizada por el secretario de gobierno, cuando dijo que la denuncia se hizo cuatro días después de su desaparición y comenzó a circular un video en donde se observa a la abogada y su pareja reñir con unas mujeres, pero lo más extraordinario es que perversamente dijera que su desaparición había ocurrido en María Lombardo de Caso, una zona de alto riesgo donde opera la delincuencia organizada; sin embargo, que se sepa, la activista no hizo denuncias contra delincuentes, sino contra miembros de ese “círculo mafioso” del poder. El caso de Donato Vargas puede significar dos cosas: destitución o impunidad, es decir, que puede seguir en el cargo por compromisos o pactos inexplicables que tenga con su jefe, el secretario de gobierno y el propio gobernador. O hay otra interpretación? En fin… que este gobierno que se autonombra primaveral se va perdiendo en sus propios errores de corrupción, de autoritarismo y de fracasos estrepitosos ante la realidad de Oaxaca.
So long raza
