En Oaxaca, al menos 17 personas defensoras de derechos humanos fueron víctimas de desaparición de diciembre de 2006 a mayo de 2024, según el informe “Desapariciones Forzadas Cometidas Contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos” del Comité Cerezo.
En el período que abarca de junio del 2023 a mayo del 2024, ocho personas defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de desaparición presuntamente forzada, y llama la atención que, de las ocho personas, cinco permanecen con paradero desconocido.
Entre los casos registrados de desaparición en el último año, Comité Cerezo menciona la presunta desaparición forzada el caso de Noel López Gallegos, integrante del Grupo de Resistencia Civil Pacífica, quien desapareció el 3 de julio de 2023 en Santa María Mixtequilla, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec de Oaxaca, y quien fue encontrado muerto un día después en un terreno baldío.
Entre diciembre de 2006 y mayo de 2024, desaparecieron en el país – según el informe de la organización – al menos 217 personas defensoras de derechos humanos. Ochenta de ellos desaparecieron en Guerrero, 28 en Chiapas, 20 en Michoacán, 17 en Oaxaca, 15 en Jalisco y 14 en Veracruz.
En los primeros 5 años y 6 meses del gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, 56 personas defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de desaparición forzada, de ellas, ninguna responde al periodo que abarca el presente informe.
“Sin embargo, existen 8 casos de personas desaparecidas en los que, si bien no se puede determinar con certeza que sean desapariciones forzadas, las víctimas son personas de derechos humanos que ponían, con su trabajo, en riesgo algunos intereses del Estado.
El informe llama la atención de que en los últimos dos años se sumen 15 casos en los que la desaparición en contra de personas defensoras de derechos presenta características que impiden demostrar con certeza que sean desapariciones forzadas.
“Lo cual nos debe mantener atentos a la posibilidad de que información futura de estos casos nos indique si realmente han disminuido las desapariciones forzadas o estamos ante otro escenario en el que la aquiescencia se ha perfeccionado a tal grado que no deja, de primera instancia, determinar la relación existente entre Estado y las desapariciones en contra de personas defensoras de derechos humanos”, advierte.
Por otro lado, señala que la ausencia de estadísticas creíbles con metodologías acorde a los estándares internacionales en materia de desaparición forzada por parte del gobierno federal no permite dimensionar a ciencia cierta la magnitud de las desapariciones forzadas en México y mucho menos cuando éstas se dirigen en contra de personas derechos humanos.
Asimismo, denuncia que la impunidad en los casos de desaparición forzada es otro de los grandes problemas que enfrentan quienes buscan a sus seres queridos. “La falta de investigación, de búsqueda y de sanción a los responsables no genera confianza hacia el gobierno federal y contribuye a que los perpetradores continúen cometiendo este crimen contra la humanidad”.
