Durante el año 2006, el estado de Oaxaca fue el centro de atención mundial, y no precisamente por su Guelaguetza, sino por una movilización que confrontó a la sociedad organizada con el gobierno estatal y federal. Consecuencia de un frustrado intento de desalojo el 14 de junio, por parte del entonces gobernador Ulises Ruíz en contra del plantón que los maestros de la sección 22 mantenían en el zócalo de la capital oaxaqueña y calles aledañas. La reacción a este suceso fue simplemente indescriptible. Fue el día en que Oaxaca se rebeló al sistema; movilización que no tiene comparación, por su intensidad y nivel de violencia que perduró por más de una década.
De acuerdo con la Comisión de la Verdad, hasta el 2017 se tiene registro de 33 agresiones físicas cometidas en contra de compañeros de los medios de comunicación, 5 periodistas ejecutados en Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec, entre estos, Bradley Rolando Will. Así como 373 víctimas de la sociedad civil, y diversas ejecuciones relacionadas con mandos policiales del gobierno estatal. Estas estadísticas solo se aproximan a la realidad más no son concretas, ya que la misma organización estima que el número de víctimas derivadas del conflicto del 2006 es mayor.
Desafortunadamente, aunque el movimiento nació como una rebeldía social, en poco tiempo se convirtió en un botín político, beneficiando a ciertos actores sociales, así como a dirigentes magisteriales que terminaron enriqueciéndose o huyedo del estado y el país. Dejando consecuencias económicas y sociales que fueron pagadas, y se siguen pagando, por el verdadero pueblo oaxaqueño.
Hoy en día, a finales del año 2024, en nuestro estado se respira un aire denso, lleno de incertidumbre, con un gobierno estatal sin rumbo, pagando las consecuencias del pago de favores políticos y no colocando personal con el perfil adecuado en las dependencias gubernamentales. Evidencias sobran.
Por su similitud, la deplorable situación del gobierno actual trae a la memoria al gobierno reconocido constitucionalmente de Ulises Ruíz pero que, de acuerdo con fuentes provenientes de actores políticos de esos años, el verdadero poder radicaba en el entonces secretario de gobierno Jorge Franco Vargas. Las mismas fuentes señalan que, mientras Ruíz Ortiz se enfocaba en conflictuarse en una vendetta personal para limpiar su nombre por el mal trato que según él había recibió de su antecesor, Murat Casab, Franco Vargas tenía por objetivo obtener el control total del estado.
Curiosamente, el actual gobernador Jara también acusa al pasado de forma constante, y en especial a los gobiernos de los Murat, por los males del presente; pero poco o nada habla de la triste época de Gabino Cué. Otra curiosidad es que gran parte de los principales secretarios de Jara Cruz, intentan obtener el poder de todos los sectores de manera prepotente y sembrando la discordia en agrupaciones sociales, empresarios locales y diversas organizaciones sindicales.
Aunque la pequeña diferencia entre el 2006 y lo que parece se puede convertir en otro conflicto de gran escala para el 2025, es que las desapariciones de lideres y defensores sociales con tintes políticos iniciaron antes. Como el caso de Sandra Domínguez, o el asesinato de Lorenzo Santos Torres, defensor comunitario de Amoltepec, asesinado en julio pasado junto con su esposa e hija. Así como también, que las ejecuciones y homicidios en nuestro estado parecen comenzar a normalizarse, con escenas de descuartizados y ejecutados a plena luz del día.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, únicamente en el mes de septiembre se registraron 90 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, para un acumulado de 671 carpetas y 3,054 delitos registrados en toda la entidad en lo que va del año. Además, según datos del INEGI, durante el tercer trimestre del 2024, la percepción de inseguridad llegó al 64.3% tan sólo en el municipio de Oaxaca de Juárez.
Sumado a esto, el factor principal que puede desencadenar inestabilidad el próximo año ya hizo implosión. La decadencia ideológica y política de la actual dirigencia magisterial de la sección 22 que, a decir de diversas fuentes internas del magisterio, se tienen sospechas fundamentadas de su contubernio con el gobierno del estado, ha iniciado un proceso de descomposición interna. Con diversas problemáticas que son del dominio público, y que, recientemente, se agrega la problemática del nivel de secundarias técnicas y generales.
En su pasada semanera del 17 de septiembre, el gobernador Jara y el director del IEEPO, Emilio Montero Pérez, denunciaron divisiones internas en el magisterio por la venta de horas clases. Para el 22 de septiembre, la sección 22 negaba que al interior del gremio existieran actos de corrupción. Sin embargo, en julio pasado, la titular de la Secretaría de Trabajo y Conflictos del nivel de secundarias técnicas, y el auxiliar de la Secretaría de Trabajos y conflictos del nivel de Media Superior y Superior, fueron separados de sus funciones por detectar actos de corrupción.
De esta forma, el actual Comité Ejecutivo Seccional (CES) de la sección 22 dirigido por Yenny Pérez, está implementando algo que otro CES no había hecho. Y aunque es aplaudible que se quiera señalar la corrupción interna, es intrigante saber por qué no se menciona que es un acto de corrupción que se ha cometido por dos partes. El sindicato y el patrón. Por esto, surge la siguiente interrogante, ¿es una lucha real en contra de la corrupción o sólo es un plan para debilitar a la sección 22 de forma interna y fortalecer la narrativa oficial del gobierno del estado?
La problemática actual son las irregularidades en la asignación y pago de las horas clase en el nivel de secundarias técnicas y generales. Esta situación obliga a deducir cuál es el origen y qué ha motivado a que por mucho tiempo se llevará a cabo esta práctica. Que, aunque es moralmente incorrecto y éticamente no aceptable, ha sido un proceso manipulado a conveniencia con la justificación legal por el artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Artículo que establece: Las plazas de última categoría de nueva creación o las disponibles en cada grupo, una vez corridos los escalafones respectivos con motivo de las vacantes que ocurrieren y previo estudio realizado por el Titular de la Dependencia, tomando en cuenta la opinión del Sindicato, que justifique su ocupación, serán cubiertas en un 50% libremente por los Titulares y el restante 50% por los candidatos que proponga el sindicato.
Fuentes dentro del gremio magisterial, sostienen que este proceso manipulado y realizado durante muchos años, fue el inicio por el cual se dio el fenómeno de pulverización de las plazas. Es decir, si se contaba con una plaza vacante de 40 horas clase, ésta se particionaba, por lo regular, en dos plazas, una de 16 horas y otra de 14.
En un principio, esta práctica buscaba beneficiar a más de un recomendado, pero pronto se convertiría en un modelo de negocio, vendiendo las clases por hora, y ya no por plaza. Con el argumento que después de un tiempo, y en función del proceso meritorio del sistema magisterial, incrementarían sus horas clase. Pero, al no llegar dicho incremento, iniciaría la búsqueda de las horas clase por otra vía.
Esta situación trajo consigo la decadencia de la especialización y la calidad educativa, ya que el objetivo no era impartir clases de acuerdo con el perfil del docente. Si no, por el contrario, solo se buscaba completar el mayor número de horas posibles para mejorar sus ingresos.
En este entramado histórico, se da un claro error de la sección 22 al rechazar el programa de carrera magisterial para obtención de ingresos extra por nivel en función de la productividad que requería de un procedimiento de evaluación. Pero que el CES de esos años operó para que el magisterio no aceptara dicho proceso; siendo un movimiento político que diversas fuentes internas catalogan como absurdo, ya que evitó el mejoramiento salarial de los docentes e incentivó obtener horas clase de manera fraudulenta.
Las fuentes consultadas también sostienen que la justificación de no evaluarse era entendible, fundamentada, pero su verdadero propósito fue encubrir la decadencia de los perfiles contratados, a través de la repartición de plazas y horas clase, entre la dirigencia magisterial y el gobierno estatal en turno. Sobre esto, es importante recordar los diversos y antiguos señalamientos en contra de ex directores del IEEPO por la participación de sus familiares acusados por la venta de espacios.
Indudablemente, como todo modelo de negocio fraudulento, comienza a generar problemas cuando alguna de las partes busca aumentar sus beneficios, o en su defecto, afectar a la otra parte. O ambas.
La problemática a nivel de secundarias técnicas es prueba de ello. Con horas clase asignadas de manera irregular, y en otros casos donde estas horas no se han pagado. Por esta situación se han visto afectos miles de docentes, a quienes les deben, aproximadamente, entre 14 y 20 mil horas clase en este nivel y que cubrieron diversas asignaturas donde no había personal frente al grupo. Denominadas horas “tequio”, lo que representa dar un servicio adicional, sin cobrar, con la promesa de que sus casos entrarían a las incidencias de la sección 22 para, posteriormente, cobrar sus adeudos.
Sin embargo, el IEEPO de Emilio Montero ha establecido que pagará estos adeudos siempre y cuando los maestros se presenten con cédula profesional o título en mano, requerimiento que ha sido rechazado por los afectados. Con esto se comprobaría la falta de perfil para las horas clase asignadas. Aunque de manera interna, diversas corrientes magisteriales concuerdan que no debe de exigirse criterios algunos para pagar por un trabajo que, de una manera u otra, se cumplió. Pero también reconocen que estos criterios de elegibilidad deben aplicarse sin distinción alguna al momento de otorgar una plaza.
Actualmente, los docentes de este nivel se fueron a juicio. Situación que tardará muchos años en resolverse, por lo que muchos sectores dentro del magisterio se preguntan, ¿la sección 22 y el CES actual ya no tienen fuerza de negociación para exigir el pago de sus agremiados? ¿El objetivo de la inacción de la dirigencia sobre este tema era precisamente empujar a irse a juicio, alargando el proceso y apostándole al desgaste que busca el gobierno de Salomón Jara? De ser así, se refuerza el planteamiento sobre el entreguismo de Yenny Pérez y el actual CES.
Esta deducción se base en las diversas evidencias que se han suscitado desde el inicio de su periodo, resaltando la incorrecta implementación de un criterio de inhabilitación que no existe dentro de los principios rectores del movimiento, hasta los hechos recientes. Entre ellos que el pasado 26 de septiembre Yenny Pérez, se posicionaba en contra del expresidente Obrador, acusándolo de no cumplir su compromiso con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pero no publicó ningún posicionamiento en contra de la agresión de normalistas oaxaqueños del 19 de septiembre; cuando años atrás, por menos de eso pedían como mínimo la salida del director del IEEPO en turno.
Ante los señalamientos de traición por las acusaciones de contubernio con el gobierno de Salomón Jara, el pasado 19 de octubre, consultada por los conflictos que actualmente prevalecen al interior del magisterio, Yenny Pérez, argumentó que el gobierno estatal pretende minar las fuerzas del gremio tal y como lo hicieron durante el 2006, y, por tanto, no aceptaría que ningún personaje se cuelgue de todo esto y llegue a beneficiarse de manera personal. Aunque para muchos sectores del magisterio esta fue una fallida estrategia para intentar desmarcarse de las acusaciones en su contra.
Además, recientemente salió a la luz la adjudicación de horas clase en beneficio propio del secretario de Trabajos y Conflictos en el nivel de escuelas secundarias generales, y para dos de sus auxiliares. Actuación contraria al principio rector 14, por lo cual se les debería aplicar el principio rector 20; pero de acuerdo con fuentes al interior del magisterio, es una situación que también se ha repetido en el nivel de homologados y el nivel básico. Con delegados sindicales que se han beneficiado de manera directa utilizando su posición sindical, y violentando los derechos laborales en todo tipo de promoción y ascensos. Situación que llama la atención, porque el CES de Yenny que culpaba de corruptos a los integrantes del CES pasado, también lleva a cabo actos que entran en la categoría de corrupción.
Ante toda la problemática que rodea a las horas clase, Salmón Jara y Emilio Montero argumentan que la corrupción se centra en el sindicato magisterial y que ha sido un negocio del pasado y de la vieja era priista. No obstante, fuentes al interior del magisterio de Valles Centrales y de la región del Istmo, argumentan que se ha registrado un número elevado de nuevas contrataciones en Juchitán cercanas a Emilio Montero. Por esta razón, y para una oportuna aclaración, ¿por qué no se dan a conocer los datos de las nuevas contrataciones a partir del inicio de la primavera oaxaqueña en la región del Istmo? Proceso pertinente para verificar que los procedimientos fueron transparentes, y determinar cuántas de estas contrataciones entraron por propuesta sindical y cuántos por propuesta patronal.
De lo contrario, de comprobarse que existen irregularidades en este proceso, se estaría hablando de una nueva faceta en el modelo de negocio, pasando de la venta de plazas y horas clase, para llegar a la venta de lugares preferenciales. Es decir, la venta de los lugares de adscripción sin tomar en cuenta el histórico sistema meritorio magisterial; lo anterior tomando en cuenta que Juchitán es catalogado como un sector preferencial.
Por todo lo planteado, se deduce que la crucifixión de la educación en Oaxaca ha sido, y es, de ambas partes, de la parte sindical y la figura patronal. Sobre esto, si la actual dirigente de la sección 22, Yenny Pérez no hace aclaración alguna respecto al tema, aumentaría las sospechas en su contra, ya que, con su silencio y la nula defensa de sus agremiados, refuerza la narrativa del gobernador de que los únicos culpables de la corrupción educativa en Oaxaca son el magisterio.
Ante todos estos elementos de inestabilidad magisterial y posible intromisión del gobierno estatal, y de no aclarar el posicionamiento, principalmente del CES actual, es latente un estallido magisterial que puede, al igual que en el 2006, además de quitar representantes sindicales, generar problemáticas sociales, políticas y económicas, afectando a todos los oaxaqueños que nada tienen que ver con esta problemática. Al tiempo.
