La titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez, informó que entre los años 2020 y 2023 al menos 5 mil 499 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado interno en el estado.
Durante la presentación del informe “Desplazamiento forzado interno en el estado de Oaxaca”, mencionó que durante este periodo existen en la Defensoría 156 expedientes de queja y cuadernos de antecedentes por este tipo de hechos, en un contexto en el que el reconocimiento de las personas desplazadas ha sido lento, falta de legislación para atender a las víctimas y la falta de políticas públicas, las ha puesto en una situación de grave vulnerabilidad.
Sin embargo, previo a la presentación del informe, Elizabeth Lara aceptó que desconoce el caso de desplazamiento forzado de más de 200 personas de las comunidades de El Tlacuache y la Cofradía, ambas del municipio de San Pedro El Alto, quienes llevan más de cuatro meses en una crisis humanitaria, sin la atención de las autoridades del gobierno ni de la DDHPO. “No todos los casos”, respondió, llegan a la Defensoría.
Este documento, que se presentó en el Congreso del Estado de Oaxaca, según declaró, tiene el objetivo de presentar un panorama sobre las personas desplazadas en la entidad, visibilizar a las víctimas que son principalmente de comunidades y pueblos indígenas, analizar las causas y ofrecer alternativas de atención y solución.
“En México todavía no hay cifras oficiales para conocer la magnitud del desplazamiento forzado interno”, agregó. Los datos que existen, dijo, colocan a Oaxaca como el sexto estado del país con el mayor número de víctimas, por debajo de entidades como Guerrero, Chiapas, Michoacán y Chihuahua.
En 142 de los 156 expedientes de queja son casos que ocurrieron en comunidades indígenas, el resto en poblaciones urbanas. Por región, precisó que son 63 casos en la Sierra Norte, 35 en los Valles Centrales, 26 en la Mixteca, 22 en la Sierra Sur, 5 en la Cuenca del Papaloapan, 4 en el Istmo de Tehuantepec y 3 en la Costa.
Mientras que la DDHPO ha emitido 250 medidas cautelares, tres recomendaciones y el 3 de enero de 2024 presentó un proyecto de reforma constitucional para procurar una atención integral a las víctimas.
Elizabeth Lara dijo que las principales causas del desplazamiento interno en Oaxaca son la imposición y aplicación de sanciones comunitarias, la intolerancia religiosa, los conflictos de tierras o agrarios y la explotación de recursos naturales, los conflictos por nombramientos de las autoridades municipales, y la violencia por conflictos agrarios, políticos y religiosos.
Las víctimas de desplazamiento forzado interno en Oaxaca sufren daños físicos, materiales, psicológicos, comunitarios y el desarraigo. “El desarraigo es uno de las más significativos porque pierden su lengua, su cultura, su actividad y desarrollo económico, y su relación con la naturaleza”, agregó.
Entre las recomendaciones, mencionó que se debe reconocer el desplazamiento forzado interno como algo que genera violaciones a derechos humanos, identificar las causas estructurales, contar con un marco normativo, contar con información cualitativa y cuantitativa, diseñar políticas públicas y un programa integral de atención, la reparación integral del daño a las víctimas y mejorar la coordinación interinstitucional.
