Entre 2018 y 2024, 58 personas defensoras fueron asesinadas en Oaxaca y la mayoría de los asesinatos ocurrieron en municipios de la región Mixteca, de acuerdo con el informe “Alas y raíces” de Servicios para una Educación Alternativa (Educa Oaxaca).
En ese mismo periodo, 225 activistas fueron asesinados en el país; es decir, el 25.77 por ciento ocurrieron en el estado.
De los asesinatos de personas defensoras en Oaxaca, detalla el informe, 27 ocurrieron en la Mixteca, 11 en la Costa, 9 en la Sierra Sur, 7 en el Istmo de Tehuantepec, 2 en Valles Centrales y 2 en la Cuenca del Papaloapan.
Educa también reporta que seis personas defensoras continúan desaparecidas; el caso más reciente es el de la abogada y activista mixe Sandra Domínguez, quien fue desaparecida junto con su esposo Alexander Hernández, el pasado 4 de octubre de 2024.
En el 2023, primer año del gobierno de Salomón Jara Cruz, además, se registraron 54 eventos de agresiones contra personas defensoras, la mayoría de ellas con un total de 46 ocurrieron en la región del Istmo de Tehuantepec; y la agresión más denunciada es la criminalización.
Mientras que los principales agresores el año pasado fueron las autoridades estatales como responsables del 44% de las agresiones, autoridades federales con el 22% y las autoridades locales y poderes fácticos también con un 22 por ciento.
La organización asegura que esta información es apenas la “punta del iceberg” de las agresiones a personas defensoras.
“Es sólo una parte de la violencia que alcanza a ser visible, pero bajo este témpano se encuentra un entramado de relaciones de poder y dominación, violencia cultural y estructural, racismo y discriminación, pobreza y exclusión, en suma, un complejo mapa de la violencia que azota al país”.
Según su informe, los datos arrojan que existe una estrategia fallida de seguridad a nivel nacional. Constatamos el debilitamiento de las instancias de protección y de los organismos autónomos de derechos humanos.
“Lo que si se reforzó en este gobierno fue la cultura de la impunidad; la militarización de la seguridad pública; el acceso a la justicia se convirtió en la excepción y no en la regla”.
Comparando con el contexto de sexenios pasados, sostiene, ya no se señalan a las autoridades federales de atentar directamente contra la vida de personas defensoras. Sin embargo, apunta que, a nivel local, se envalentonaron los grupos de poder ante la inacción del Estado. O bien ante el debilitamiento o aquiescencia de los gobiernos estatales y federales. Existen zonas silenciadas en el país, donde no se denuncia y los casos permanecen en el olvido.
En el caso de las desapariciones, aunque se trate de personas defensoras, afirma, las búsquedas siguen siendo deficientes.
“Como sociedad civil necesitamos reforzar las medidas de seguridad y agilizar las denuncias. Un ejemplo positivo de ello son los casos de aparición con vida. En todos estos casos, las organizaciones que reivindican a las personas defensoras reclaman búsquedas deficientes y denuncian la falta de acceso a una justicia pronta y expedita”.
