Una proposición con punto de acuerdo presentada en el Senado de la República solicita a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la realización de una inspección y determinar las condiciones en las que operan las agrupaciones y particulares dedicados a la explotación de recursos pétreos, directamente grava y arena, pues han incurrido en actos de sobreexplotación y puesto en riesgo el equilibrio ecológico.
La iniciativa reconoce que en Oaxaca y en otras partes del país se ha registrado un fenómeno de extracción desmesurado avalado por autoridades locales, por lo que es necesaria la implementación de políticas que contengan las prácticas ilegales.
En ese sentido, la propuesta recordó que las concesiones o asignaciones para la extracción de materiales pétreos deben otorgarse conforme a lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, por lo que Conagua debe verificar el estatus de todas aquellas entidades que se benefician de esa actividad.
Asimismo, se resaltó que además de cumplir con la normativa vigente, las autoridades deben corroborar que no exista afectación de derechos a terceros ni a la programación hídrica, al recurso hídrico y al medio ambiente o bien a los ecosistemas.
“Es preocupante ver cómo las actividades legales e ilegales afectan las reservas de biodiversidad y las áreas protegidas. Estos espacios son cruciales para la conservación de ecosistemas únicos y la protección de especies amenazadas”, refiere el proyecto.
“Los impactos negativos en la fauna, como la disminución de poblaciones de peces, aves y tortugas no solo comprometen la biodiversidad, sino que también afectan a las comunidades que dependen de estos recursos”.
Asimismo, estableció que la extracción de materiales pétreos está por “doquier”.
“La grava son los materiales fundamentales no reconocidos de las economías. Se explotan en todo el mundo y representan el mayor volumen de material sólido extraído a nivel mundial.
“Sin ellos, no habría concreto, ni asfalto, ni vidrio para construir las escuelas, hospitales, carreteras, paneles solares y otra infraestructura necesaria para los sistemas y métodos de construcción y producción industrial actuales”.
Subrayó que la extracción insostenible de arena no sólo afecta el medio ambiente, sino que también puede tener implicaciones sociales de gran alcance.
“La extracción de arena de las playas puede poner en peligro el desarrollo de la industria turística local, mientras que la eliminación de la arena de los ríos y bosques de manglares conduce a una disminución de las poblaciones de cangrejos, lo que afecta negativamente a los recolectores de estos crustáceos, principalmente mujeres, cuya subsistencia depende de este oficio”.
Señaló que “docenas de particulares, sindicatos, empresas públicas y privadas ostentan los permisos de explotación de Conagua ha agrupado administrativamente en 757 el total de 1471 cuencas hidrográficas diseminadas por el territorio.
Explicó que en México operan aproximadamente 4 mil 304 títulos para sacar legalmente alrededor de 311 millones de metros cúbicos (M3) de arena de más de mil cuerpos hídricos, pero el auge inmobiliario y la construcción de infraestructura promueven la extracción de arena de cauces y ríos lo que provoca un grave impacto al ecosistema
Caso Manialtepec
“La explotación insostenible de estos materiales provoca erosión, la pérdida de biodiversidad cuando los ríos comienzan a secarse o llenarse de lodo, como sucede actualmente en muchas comunidades del estado de Oaxaca donde se realiza esta actividad, ya sea por empresas, o por personas independientes que se dedican a la extracción de arena”.
Agregó que un ejemplo claro sucede en la cuenca del río de Maíz en Manialtepec, Oaxaca, donde los areneros se han convertido en otro habitante del ecosistema para su constante extracción.
“Y eso solo es un ejemplo, pues al no haber un debido control, algunas autoridades municipales aún sin tener facultad entregan permisos para la extracción de grava y arena de los ríos y arroyos”.
Caso San Pablo Coatlán
Otro de los casos de mayor relevancia sobre la explotación inmoderada de los recursos pétreos se registra en San Pablo Coatlán, en la Sierra Sur, “en donde por acuerdo del comisariado se prohibió la extracción de arena y grava”.
Sin embargo, “particulares con la extracción ilegal han dañado los cimientos de las casas que se encuentran cercanas a los ríos y arroyos. “Al denunciar estos hechos, los habitantes de estas poblaciones han recibido constantes amenazas por parte de las personas que extraen estos materiales e incluso de las mismas autoridades municipales”, denunció.
“Es necesario que las instituciones a las cuales la ley les faculta el poder examinar las extracciones de materiales de los ríos y arroyos pongan especial interés para que estás actividades se ajusten a la normativa y con ello se respeten los ‘criterios y lineamientos’ para otorgar una concesión o asignación para la extracción de materiales pétreos o negar la misma”.
El punto de acuerdo solicita a la 66 legislatura del Senado de la República exhortar a la Comisión Nacional del Agua, para que “en el ámbito de su competencia realice una inspección de la situación en la que se encuentra la extracción de materiales pétreos de los ríos y arroyos en el estado de Oaxaca, para prevenir los daños a las cuencas y ecosistemas, así como la estabilidad del terreno e informe de los resultados obtenidos de estas acciones”.
