Veintiún habitantes de El Coyul, comunidad del municipio de San Pedro Huamelula, fueron sentenciados por un juez de Oaxaca a 15 años de prisión y al pago de una multa de 50 millones de pesos, por defender mil 452 hectáreas de sus tierras de las que fueron despojados por particulares.
Estas 21 personas víctimas, forman parte de la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul fundada por la comunidad en el año 1972 por 221 familias que habitaban esta población; pese a que las tierras son de la comunidad, ahora son ellos los acusados y sentenciados por los delitos de despojo agravado y secuestro. La sentencia, advirtió Ramón Sosa – una de las personas sentenciadas -, no sólo es injusta, sino que también busca infundir miedo en quienes defienden su territorio.
En este caso de despojo en contra de la comunidad El Coyul, están involucrados notarios, jueces, ministerios públicos y altos funcionarios de los gobiernos municipal, estatal y federal.
Ramón Sosa explicó que El Coyul, ubicado en la zona límite entre las regiones del Istmo de Tehuantepec y la Costa de Oaxaca, se fundó aproximadamente en el año 1942 con alrededor de 30 a 40 personas, que posteriormente creció a 221 familias.
En ese entonces, un terrateniente de la zona era propietario de 2 mil 904 hectáreas, por lo que la comunidad decidió organizarse y constituir en el año de 1972 en una sociedad agrícola y ganadera, y compraron esas tierras. Sin embargo, nunca registraron esa sociedad ante alguna Secretaría o ante el Registro Agrario Nacional (RAN).
“Para ese tiempo, existían en las comunidades los maestros rurales. Había un profesor que sabía leer y como letrado lo buscaron como apoderado legal de la sociedad agrícola ganadera, y se hizo la compra venta”.
En 1990, El Coyul sufre una invasión por miembros de la comunidad vecina Río Seco, y tras tres años de conflicto por límites, se logra un acuerdo en 1993 en el que se reparten la tierra a la mitad, 1 mil 452 hectáreas para El Coyul y 1 mil 452 hectáreas para Río Seco; acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Una década después, sufrió una nueva invasión; pero ahora por particulares. Un grupo de hombres creó una nueva asociación y la llamó de la misma forma en que lo hicieron las familias originarias de la población en 1972, pero con la palabra “Oax”: Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul Oax, con el objetivo de despojarlos de sus tierras.
En esta nueva sociedad, aparece como apoderado legal Alfredo Manuel Mena Alonso, y entre los socios Rigoberto Cruz y Joel Ricárdez López; éste último, a quien la población lo vincula a actividades criminales, como el tráfico de drogas.
Los miembros de la comunidad e integrantes de la sociedad agrícola y ganadera El Coyul fundada en 1972, fueron denunciados por el delito de despojo; pero fueron absueltos por un juez. Pero eso no dejó satisfechos a los particulares, y en el año 2019, Rigoberto Cruz presenta nuevamente una denuncia en que acusa a 21 miembros de la comunidad del delito de despojo, y otra vez, los habitantes de El Coyul ganan el caso y son absueltos.
Pero en el año 2021, vuelven a presentar una denuncia por los delitos de despojo agravado y secuestro, pero esta vez a través de Joel Ricárdez López.
Y sorpresivamente, la misma vicefiscal de Salina Cruz, Virginia Cambrani Mújica, y el mismo juez de control del distrito judicial del Istmo, que los habían absuelto en los dos procesos anteriores, ahora los hallaron culpables y los sentenciaron a 15 años de prisión, a una multa de 50 millones de pesos por daños y perjuicios, y a la prohibición de acercarse a Joel Ricárdez López.
“Joel Ricárdez López, es un criminal que se dedica a la venta de drogas. Este señor simula ser dueño de esas tierras en contubernio con Rigoberto Cruz, pero lo más horrible de este caso, es que el fiscal que llevó el caso de Rigoberto Cruz, y que nos había absuelto, es el mismo el que lleva el caso de Joel Ricárdez López, y el juez sale a favor y nos declara culpable, pero es el mismo juez que nos había absuelto. Lo increíble es cómo podemos tener dos acusaciones por el mismo caso, cómo podemos ser inocentes en un caso y culpables en el otro caso”.
La sentencia en su contra fue dictada en el año 2023 y aún no causa ejecutoria porque las víctimas de El Coyul presentaron una apelación, la cual a casi un año, sigue sin resolverse.
“Lo que hemos visto en este modus operandi es que nosotros, las víctimas, nos hacen ver como culpables y ellos se hacen pasar como víctimas. Claro, en colusión con jueces y fiscales, con ministeriales, estatales, municipales, porque ahorita simplemente es la delincuencia organizada la que pone a los gobiernos.
“En mi caso, que es Huamelula, hay senadores que han impulsado, pero que son senadores delincuentes y no solamente el sistema funciona así. Desgraciadamente, si no hablamos nos van a matar, si hablamos nos van a matar. Entonces, si vamos a morir, que sea cuando menos hablando”, manifestó.
Las mil 452 hectáreas es un terreno que lleva a los habitantes a la laguna y a la playa, donde realizan su principal trabajo su sustento, ya que viven de la pesca.
“Nosotros tenemos que acudir a la playa para sacar nuestro producto. Entonces, ahorita está privatizado y hay sicarios por todas las entradas y no podemos entrar. Entonces, automáticamente nos dejaron sin comer, sin trabajo, y tenemos una sentencia de 15 años.
“Apenas el domingo 3 de noviembre, ellos le dicen negociación, pero yo le digo amenaza de muerte, porque esas personas me hablan por teléfono en donde me dicen que reciba cierta cantidad de dinero y me perdonan mi vida y la de mi familia. Les respondí que no, que nunca traicionaría a mi pueblo y a mi gente. Eso es lo que está pasando en este momento”.
Ramón Sosa afirmó que han tenido mesas de diálogo con el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y éste ha realizado algunos compromisos con la comunidad, que no ha cumplido. También dijo que en su momento le entregaron solicitudes al ex presidente Andrés Manuel López Obrador y a la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; y solicitado la intervención de la Semarnat y la Profepa, pero no les hacen caso, ni van ni los voltean a ver.
“La exigencia es que nos volteen a ver y que vean que investiguen nuestro caso, porque la Vicefiscalía de Salina Cruz está aliada con la delincuencia. Si hablamos de los jueces, está aliado con la delincuencia. El Estado de Derecho no funciona para los pobres, simplemente funciona para el capitalismo”, dijo.
