Veintinueve comunidades de la región de Valles Centrales de Oaxaca demandaron por enésima vez la cancelación de la concesión otorgada a la mina San José, operada por la empresa Cuzcatlán, a la que acusan de haber comenzado una campaña de acoso y hostigamiento contra los pueblos que se oponen a sus operaciones.
Asimismo, sostuvieron que la filial de la empresa canadiense Fortuna Silver ha violentado una suspensión otorgada por el Poder Judicial, que ordena, según su versión, que la minera deje de hacer incursiones en el territorio de 11 pueblos que denunciaron afectaciones en su territorio y que rechazan la realización de labores de extractivismo.
Por si fuera poco, los inconformes acusaron que la mina sigue contaminando ríos y arroyos de diversas municipalidades ubicadas en el territorio de influencia.
Ante ello, un total de 29 comunidades, entre ellas los 11 pueblos amparados, determinaron demandar al gobierno federal de Claudia Sheinbaum respeto irrestricto a la determinación de sus asambleas de no permitir la actividad minera.
Las 29 comunidades de los Valles Centrales permanecen afiliadas a dos agrupaciones; la primera, al Frente No a la Minería y a la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ), “representadas por nuestras respectivas autoridades municipales y agrarias”.
Por medio de un pronunciamiento, denunciaron que el proyecto minero San José “se encuentra en operación gracias a las prebendas otorgadas por la Secretaría de Economía, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), quienes “a pesar de comprobar la inviabilidad del proyecto con información técnica social, otorgaron los permisos necesarios para que Compañía Minera Cuzcatlán siguiera operando en nuestro territorio sin contar con la aprobación de nuestras asambleas agrarias y municipales”.
Acusaron que la empresa minera ha visitado en reiteradas ocasiones “a nuestras comunidades ofreciendo apoyos ridículos para generar división comunitaria y debilitar nuestro tejido social”.
También denunciaron que “helicópteros han sobrevolado el territorio de El Llano Sitio Santiago, Santa Catarina Minas y San Baltazar Chichicápam, sin la autorización correspondiente de las autoridades locales.
“Las comunidades de Monte del Toro, San Martín de los Cansecos y Magdalena Ocotlán, hemos sido objeto de estrategias de la empresa minera para dividirnos… por lo que presentamos un amparo regional firmado por 11 comunidades en diciembre de 2023 contra las 80 mil hectáreas concesionadas a la compañía minera”.
Ante ello y después de que un juez concedió una suspensión de plano, subrayaron que “la empresa y las autoridades estatales o federales deben abstenerse de ingresar a nuestro territorio con el objetivo de promover los supuestos beneficios de la empresa minera”.
Y reiteraron que decidieron fortalecer su defensa territorial, a través de una declaratoria regional, firmada por 29 comunidades, por lo que, exigimos a la presidenta de la república y al gobierno del estado de Oaxaca “respetar y garantizar nuestras declaratorias agrarias y municipales de territorio prohibido para la minería, que abarcan los distritos de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula en los Valles Centrales de Oaxaca”.
Demandaron cancelar el proyecto minero “San José” por generar violaciones sistemáticas a sus derechos como pueblos y comunidades indígenas y “contaminar el medio ambiente, generar violencia en la región y desacatar los permisos entregados por las autoridades federales”.
Además de lo anterior, pidieron emitir sanciones a la compañía minera, por contaminar el cauce del arroyo El Coyote y el agua de Magdalena Ocotlán, Monte del Toro y San Matías Chilazoa.
Además, llamaron al Juzgado Primero de Distrito a resolver a su favor el juicio de amparo que permanece abierto y por el cual les fue otorgada la suspensión.
“Que garantice los derechos del pueblo indígena zapoteco y sus respectivas comunidades, y resuelva favorablemente para la conservación de nuestro territorio, el medio ambiente y el tejido social de la región”.
