El activista y director de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Marcos Leyva Madrid, condenó que mientras los índices de violencia crecen en el estado, las autoridades estatales y federales han emprendido una campaña de criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos y del territorio, con casos durante los últimos meses, donde inconformes con proyectos gubernamentales como el Corredor Interoceánico han sido sentenciados con hasta 46 años de cárcel y otros han sido vinculados a procesos penales.
Mientras los activistas son perseguidos por las autoridades y criminalizados mediáticamente, agregó, el estado vive una ola de violencia que de no detenerse se traducirá en que esta entidad viva los niveles de inseguridad que actualmente se registran en entidades como Chiapas y Guerrero.
Los activistas hoy están en peligro, condenó, el director de Servicios para una Educación Alternativa (Educa).
“Tenemos un balance en términos de preocupación por la situación que estamos viviendo los defensores y las defensoras del territorio; es una situación grave en ese sentido de acontecimientos que ponen la vida de los defensores y defensoras”, señaló en entrevista, frente al campamento que mantienen en Palacio de Gobierno familiares del activista Sandra Domínguez, desaparecida desde el pasado cuatro de octubre.
Indicó que Educa ha corroborado los altos índices de inseguridad y criminalización contra los defensores sociales, a través de diversos análisis efectuados en el ámbito estatal y federal.
“E nuestra exigencia y demanda, que cese la criminalización a defensores y defensoras de tierra y territorio de comunidades que luchan y defienden.
“Se organizan para defender su territorio ante megaproyectos que nunca han sido consultados a la comunidad y cuando se deciden organizarse y exigir que se cumplan sus acuerdos de asamblea, de comunidad, son afectados, encarcelados, criminalizados, hostigados tanto por el gobierno estatal como por gobierno federal.
“Es preocupante que el gobierno, en vez de generar las condiciones de seguridad más bien están generando cuestiones de inseguridad, pero para las defensoras y defensores que no hacen más que organizarse y exigir sus derechos”, reiteró el activista.
En febrero de 2024, David Hernández Salazar, agente comunitario de Puente Madera, en el Istmo de Tehuantepec, fue sentenciado a 46 años de cárcel tras encabezar a un grupo de pobladores que permanecían inconformes con la instalación de un polo de desarrollo del Corredor Interoceánico.
Sin embargo, en junio pasado, un juez revocó la sentencia y decretó la libertad del activista.
Pese a ello, no obstante, los pobladores de Puente Madera se desistieron de un amparo que habían interpuesto contra la construcción de un Polo de Desarrollo Bienestar en su jurisdicción, luego de una lucha social de 3 años.
Asimismo, las autoridades judiciales mantenían procesos contra 17 ciudadanos más inconformes, los cuales también fueron desactivadas tras la determinación de permitir la construcción del megaproyecto.
A lo anterior se suma la detención de nueve personas de Santa María Mixtequilla, que fueron detenidas, acusadas de diversos delitos, entre ellos robar una patrulla y obstruir las vías de comunicación.
Recientemente, la activista Sandra Domínguez desapareció desde el pasado 4 de octubre, al tiempo que dos comerciantes y activistas triquis, Adriana y Virginia Ortiz fueron asesinadas la semana pasada en la ciudad de Oaxaca.
En El Coyul Huamelula, 21 pobladores fueron sentenciados a 15 años de prisión y pagar 50 millones de pesos en favor de un particular que los denunció por el supuesto despojo de mil 400 hectáreas, cuando aquella superficie en 1992 fue reconocida como parte de aquella población y no como propiedad privada.
Los afectados acusaron que los promotores del juicio, cuya sentencia permanece en apelación, tienen vínculos con actividades ilícitas.
“Como Educa hemos sacado un seguimiento a nivel federal y a nivel estatal y constatamos que la situación que tienen los defensores y las defensoras es innegable, es preocupante y poco hemos visto en términos del accionar del gobierno estatal y del gobierno federal.
“Minimizan los casos, no le dan la suficiente seriedad a los mismos y me parece que a estos dos años no tenemos como estado una política de derechos humanos clara, definida, que se vea y que se manifieste en la vida cotidiana de nuestro estado…sí notamos una ausencia de esta política pública”, subrayó Marcos Leyva.
Violencia alarmante
Sobre los acontecimientos delictivos ocurridos en Oaxaca, con múltiples homicidios, indicó que la situación es preocupante.
No obstante, refirió, que el sistema estatal “está en la posibilidad de generar las acciones necesarias antes de que salga de las manos esta situación y creo que en ese sentido es el llamado al gobierno del estado, que tenga más efectividad en ese tipo de situaciones.
“Podría pensar que, si no hay soluciones o políticas claras del gobierno, podemos estar en una situación como en otros estados del país; creo que todavía tenemos la oportunidad de generar otras condiciones y esperemos que el gobierno se aplique en ese sentido.
“Una situación lamentable (la que ocurre en Chiapas y Guerrero) tanto por la omisión de los respectivos gobiernos estatales como el gobierno federal; entonces, ya hemos visto esa situación, y entonces tenemos como sociedad, por un lado, pero también como gobierno estatal, que deba tomar sus debidas diligencias, aplicar las situaciones en las que se hacen necesario un acto de la ley… y tener una claridad en término de ese tipo de políticas”, subrayó.
