El experto constitucionalista y director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, Miguel Carbonell Sánchez, aseguró que los riesgos de la reforma judicial son que se está politizando la justicia, la falta de conocimiento y cultura jurídica del votante promedio en México, la influencia del dinero, la intromisión del crimen organizado y la posibilidad de cambiar el sentido de las sentencias con base a una intención de popularidad.
Durante una conferencia magistral dirigida a estudiantes del Instituto de Ciencias Jurídicas de Oaxaca, afirmó que no sabe si es bueno o malo la politización de la justicia; pero señaló que ahora no se van a requerir perfiles técnicos, sino políticos.
“En el Poder Judicial hay muchos ratones de biblioteca, gente que estudia, y que le mete muchas horas, ese perfil de gente que conoce los temas. Eso ya no será así, necesitamos gente ahora popular. Vamos a politizar la justicia”.
Sobre la falta de conocimiento y cultura jurídica en el votante promedio mexicano, advirtió que éste no tendrá la capacidad de distinguir, por ejemplo, a un magistrado de circuito especializado en materia civil y administrativa de un determinado circuito judicial a un magistrado de circuito en materia penal.
En este segundo riesgo, también advirtió una probable simulación democrática porque la gente no tendrá información suficiente para votar o no por una determinada persona, y que el voto se ejerza por la imposición o “recomendación” de una tercera persona.
“Imagínense que se le pregunta a un ciudadano, usted qué opina del desempeño del magistrado que integra el tribunal colegiado de circuito especializado en materia civil y administrativa, opina qué debe quedarse o irse. Creen que el votante promedio mexicano no tiene la capacidad de hacer esta distinción. Veo ahí que estamos simulando entonces, porque si vamos a votar a quien nos dijeron que les pongamos tache, o a quien aparezca a la izquierda, o todos los que digan propuesto por, porque va a venir quién te propuso. No sé si esto sea un ejercicio verdaderamente democrático, o una simulación”.
El tercer riesgo relacionado con la influencia del dinero, recordó que la reforma judicial establece que los candidatos a jueces, magistrados y ministros, no pueden recibir financiamiento público ni privado para sus campañas con el fin de darse a conocer. En caso de que se postule para un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la situación se complica más, porque es un cargo de carácter nacional que implica que quien se postule deba recorrer el país para darse a conocer.
“Imagínense una campaña para ocupar un lugar en la corte, es a nivel nacional, que tienen dar una conferencia en Hermosillo, luego en Villahermosa, luego en Oaxaca, y luego en Morelos, y eso quien lo paga, ¿de tu bolsa?, ¿cómo le van a hacer? Es cierto que son personas conocidas en nuestro gremio, pero fuera de nuestro gremio, con todo respeto, ¿quién los conoce? No hay mucha gente con un perfil público fuerte”.
A esto se suma, dijo, que en México se tiene un problema serio de crimen organizado. El experto cuestionó si creen que la delincuencia estará pendiente de este proceso de elección de jueces y magistrados, no sólo para “meter” (postular) candidatos, sino para “bajar” (asesinar) candidatos.
Miguel Carbonell recordó que en el pasado proceso electoral que terminó en junio de 2024, asesinaron en todo el país a 87 candidatos.
“Ahora imagínate que al crimen organizado no le guste el candidato a juez de distrito en el sistema penal especializado, del segundo circuito que es donde está Almoloya de Juárez, un penal de alta seguridad, o en Puente Grande que está en Jalisco, o el de Tepic en Nayarit.
“Entonces el crimen organizado puede preguntar éste quién y si la respuesta es que es un cuate intachable, serio, estudioso, independiente. No, pues dalo de baja. Es el que no queremos que llegue. Pueden decir, eso no puede pasar. A lo mejor estoy exagerando, es mi vena novelística; pero yo sí veo un riesgo ahí. Chilpancingo, por ejemplo, Guerrero, vayan a hacer campaña, a Tamaulipas, y por carretera la campaña señor juez”.
Y finalmente, dijo que el último riesgo que advierte es que tanto jueces y magistrados cambien sus sentencias sólo con base a mantener o aumentar su popularidad.
El especialista Miguel Carbonell dijo que es necesario tomar medidas preventivas, reactivas y transitorias. Una de las medidas reactivas, ejemplificó, es que la reforma judicial ya está ahí y hay que trabajar con las nuevas reglas que existen, adaptarse, y que quieran participar en la elección que se postulen: “Hay que competir para que quede gente preparada. Hay que tomar un rol activo”. Y entre las medidas transitorias, dijo, está el intentar que todos los litigios se resuelvan antes de septiembre del próximo año, cuando entren en funciones los nuevos jueces y magistrados, ya que éstos estarán condicionados por el voto popular y es posible que cambien muchos criterios.
Finalmente, recordó que el próximo año se votarán 881 plazas de jueces y magistrados, y hasta ahora, 820 han declinado participar en la elección y sólo 37 han dicho que sí van a participar. Además, la elección va a costar 13 mil 205 millones de pesos, según ha informado el Instituto Nacional Electoral (INE); es decir, cada cargo tendrá un costo de 15 millones 535 mil pesos.
“(La reforma judicial) ¿es para quitar privilegios? Parece que salió más caro el caldo que las albóndigas”, manifestó.
