Ninguna de las denuncias presentadas y carpetas de investigación abiertas durante la última década en Oaxaca por el delito de tortura ha resultado en una sanción contra los responsables, según el informe presentado por el Observatorio contra la Tortura.
De acuerdo con su monitoreo ciudadano de la implementación de la Ley General contra Tortura, entre los años 2014 y 2024 existen en el estado 697 expedientes de investigación iniciados por este delito; y de los cuales, no hay ninguna sentencia contra los autores de estos hechos.
Además, pese al número de carpetas de investigación o averiguaciones previas abiertas, la Fiscalía General de Oaxaca reportó que no se ha realizado ningún peritaje médico y psicológico a las víctimas.
En relación a la atención y reparación del daño a las víctimas, el Observatorio contra la Tortura revela que sólo 32 personas como víctimas directas o indirectas se encuentran registras por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Registro Nacional de Víctimas.
Mientras que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) únicamente 18 quejas presentadas por personas del estado están clasificadas como tortura.
Oaxaca es el tercer estado del país mejor evaluado con una calificación de 19.6 por el nivel de producción y acceso a la información pública sobre la investigación de este delito.
En su informe sobre los hallazgos encontrados en el 2023, el cual fue presentado el pasado 15 de noviembre de 2024, el Observatorio contra la Tortura dio a conocer que el año pasado en Oaxaca se iniciaron 107 carpetas de investigación por el delito de tortura, en las cuales 135 de las víctimas son hombres y 25 mujeres; así como siete carpetas de investigación por tratos crueles e inhumanos, en las que cuatro víctimas son hombres y tres son mujeres.
Pero de estas carpetas de investigación, sólo siete casos fueron judicializados, en 43 la Fiscalía de Oaxaca decretó el no ejercicio de la acción penal, 23 casos los dejó en archivo personal, uno en reserva, y 22 fueron reclasificados.
El Observatorio señala que en el 44.4 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas en todo el país, funcionarios de las fiscalías estatales son señalados como los responsables, en el 27.9 por ciento se señala a policías estatales y en el 27.3% de los casos a policías municipales. En el 0.3% se señala a funcionarios del sistema penitenciario.
