Integrantes de la Asamblea Comunitaria de El Coyul, la población chontal del municipio de San Pedro Huamelula, denunciaron que la Fiscalía General de Oaxaca y el Tribunal Superior de Justicia del Estado pretenden encubrir el despojo de 1 mil 452 hectáreas del que es víctima la comunidad por particulares encabezados por Alfredo Manuel Mena Alonso, apoderado legal de Joel Ricárdez López.
En conferencia de prensa, aseguraron que tanto la Fiscalía ni el Tribunal han omitido o desestimado las pruebas que han presentado a favor de la comunidad.
“Ahora, es el turno que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca honre su compromiso que tiene con la paz y justicia en Oaxaca y con sus pueblos indígenas”, manifestaron integrantes de la asamblea comunitaria y de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT).
En la comunidad indígena chontal de El Coyul, agencia municipal de San Pedro Huamelula municipio del Istmo de Tehuantepec de Oaxaca, explicaron, 221 familias organizadas desde 1972 en la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul se enfrentan a “una brutal embestida” por parte de un cártel inmobiliario con la complicidad de notarios, jueces, ministerios públicos y altos funcionarios corruptos.
“Buscan despojarnos de más de 1 mil 452 hectáreas de tierras que históricamente nos pertenecen y hemos defendido en conjunto con los bienes naturales en ellas, como son manglares, playa, flora y fauna endémica”.
De este despojo, señalaron como responsables a Joel Ricárdez López, Alfredo Manuel Mena Alonso y Rigoberto Cruz Cartas, principales operadores y orquestadores de este conflicto y quienes se han adueñado de la playa, devastado hectáreas de selva.
Para ello, señalaron que han criminalizado y judicializado a 21 personas defensoras, condenadas injustamente a 15 años de prisión, a pagar una desproporcionada reparación del daño de más de 55 millones de pesos y una multa de $90 mil pesos, bajo la falsa acusación de despojo agravado y secuestro; “delitos fabricados, no comprobados”.
“Esta sentencia no solo es profundamente injusta, también tiene el objetivo de infundir miedo en quienes defendemos la tierra, el territorio y los derechos humanos”.
Los integrantes de la asamblea comunitaria de El Coyul y de la APIIDTT, responsabilizaron a Joel Ricárdez, Alfredo Manuel Mena y Rigoberto Cruz Cárdenas, del clima de división, violencia, persecución, criminalización, amenazas, acoso, hostigamientos y de cualquier medida de presión, difamación, amenaza y agresión en contra los habitantes de la comunidad.
También los hicieron responsables de cualquier cosa que le llegue a pasar a Román Sosa Miñón, quien ha sido amenazado por estás personas constantemente y despojado violentamente de su área de trabajo en la playa.
