El Centro de Análisis e Investigación Fundar advirtió que el presupuesto de egresos de la Federación propuesto por la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, contempla recortes en áreas clave para garantizar los derechos humanos a la igualdad de género, a la salud, a la seguridad y a la justicia climática, entre otros.
Además, el recorte general en el presupuesto para el próximo año es de 1.9 por ciento, que aún podría evitarse si el Congreso de la Unión opta por incrementar la recaudación proveniente de los grandes contribuyentes y las personas de altos ingresos, en lugar de implementar nuevas medidas de austeridad.
En Salud, por ejemplo, proyecta una disminución de 12% con relación a 2024 y de 7% frente a 2023. Esta reducción, señaló Fundar, afectará la calidad y cantidad de servicios de salud disponibles y no permitirá alcanzar los objetivos de universalidad en salud y el fortalecimiento del IMSS-BIENESTAR.
No obstante, tres instituciones de salud tendrán aumentos presupuestarios con relación a 2024: el IMSS-BIENESTAR con un 20.7%, el ISSSTE 2.7% y el IMSS ordinario 1.3 por ciento.
De los 16 programas presupuestarios que recibirán recursos en materia de Cultura, 15 tendrán recortes. La función cultura proyecta un recorte de 26.76% respecto de 2024, y de igual manera, el proyecto de presupuesto para la Secretaría de Cultura en 2025 presenta una reducción de 30.87% en relación con el presupuesto aprobado de 2024.
Mientras que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales percibiría 44 mil 370 millones de pesos, un recorte de 39.4% respecto al 2024. Por su parte, la función de gasto Protección Ambiental apenas recibirá 17 mil millones de pesos, lo que representa una disminución del 5.6%, y el gasto en materia de Protección Ambiental es 64.5 veces inferior si se le compara con aquel destinado en Combustibles y Energía.
Fundar mencionó que el Anexo 16 Recursos para adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático contempla recursos totales por 205 mil 370 millones de pesos, que representan una variación real de -15.84%.
Y los recursos en materia de mitigación y adaptación al cambio climático continúan integrando erróneamente a proyectos que no guardan relación directa con medidas para contrarrestar los efectos de la crisis climática, como el Tren Maya y el Transporte de Gas Natural.
Esta reducción previamente señalada obedece a la disminución de los recursos para concluir las obras del Tren Maya, un proyecto de inversión que no debería formar parte de este Anexo.
En violencia de género, aunque el anexo presenta un aumento del 9.5%, la distribución de estos recursos sigue sin estar alineada con una perspectiva de género clara en programas como la Pensión Universal para Personas Adultas Mayores y las becas universales; mientras que acciones fundamentales como el Programa de Apoyo para Refugios Especializados y el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) sufrieron reducciones en términos reales, poniendo en riesgo la seguridad y vida de las mujeres al no ajustarse por la inflación ni priorizar la progresividad del presupuesto.
“El 95.2% del presupuesto del Anexo 13 se concentra en acciones para promover la igualdad entre mujeres y hombres, y apenas el 4.7% se destina a combatir la violencia de género y el 0.1% a erradicar la discriminación, lo que refleja un enfoque limitado en las necesidades urgentes de las mujeres”.
A pesar de ser un compromiso presidencial, aseguró que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2025 carece de políticas y programas específicos para establecer un Sistema Nacional de Cuidados.
“De igual manera, el presupuesto asignado a la CONAVIM y al actual INMUJERES será 7% menor respecto a lo aprobado en 2024, lo que genera dudas sobre la capacidad que tendrá la nueva Secretaría de las Mujeres, una vez que sea promulgada la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
“Aunque se incluye la acción de un Sistema Integrado de Estadísticas de Violencia Contra las Mujeres, su asignación presupuestaria es mínima (240 mil 116 pesos), subestimando el valor del análisis de datos como herramienta clave para políticas públicas efectivas en la nueva administración”.
En derechos sexuales y reproductivos, el presupuesto tanto para el programa Salud Materna, Sexual y Reproductiva, como para el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud (CNEGySR), entidad rectora de la política de salud sexual y reproductiva, será de 14% y 13% menos respectivamente al que tenían en el 2019 (año en que el programa tuvo la mayor asignación de recursos).
Esto, dijo, pone en riesgo el avance de los componentes y acciones que deben implementarse para garantizar la salud sexual y reproductiva de la población, incluidas las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes.
Sobre seguridad y víctimas, el Centro de Análisis e Investigación, señaló que los recursos destinados a la atención de desapariciones, crisis forense, tortura y apoyo a víctimas mantienen niveles similares a los de años anteriores, con variaciones menores entre el 1% a la baja y al alza en instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. “Aunque esto evita recortes significativos, refleja la ausencia de ajustes estratégicos relevantes para abordar de fondo la prolongada crisis de derechos humanos en el país, limitándose a políticas de contención sin soluciones estructurales”.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual tendrá un recorte del 36%, y con la reciente reforma constitucional el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional ya no recaerá en esta Secretaría, sino en la Secretaría de la Defensa Nacional la cual también tendrá 52% menos de recursos para 2025.
Para el tema de anticorrupción, contempla 1 mil 699 millones de pesos para la Secretaría de la Función Pública, que se transformará en la Agencia Anticorrupción y de Buen Gobierno, es decir, una reducción del 0.4% en términos reales. El recorte de 7.9 millones tendría lugar pese a que podría llegar a asumir funciones clave en materia anticorrupción, como la gestión de compras públicas, el seguimiento de actos de corrupción y las funciones de transparencia que actualmente tiene el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).
El caso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, afirmó, es especialmente alarmante debido a que es la instancia que menos presupuesto tendrá en comparación con otras instituciones anticorrupción.
La organización advirtió, asimismo, que el Anexo Transversal para la transición energética mantendrá una tendencia inercial, pues los recursos reportados ascenderían a un total de 11 mil 102 millones de pesos, prácticamente el mismo monto aprobado en el ejercicio 2024. “A reserva de la publicación de los datos abiertos, es previsible que este Anexo continúe integrando el presupuesto de centrales de ciclo combinado que emplean fuentes fósiles o a grandes centrales hidroeléctricas con impactos sociales y ambientales como Chicoasén II, cuya consideración como proyectos que avancen hacia la transición energética resulta cuestionable”.
En relación con el acceso a ciencia y tecnología, explicó que, pese a que la creación de una Secretaría de Ciencia y Tecnología ofrece una oportunidad de cambio institucional, los desajustes entre objetivos y recursos generan incertidumbre sobre la viabilidad de las políticas públicas.
La función de Ciencia, Tecnología e Innovación percibiría un 7.4% menos en términos reales. Esto equivale a una disminución de 4 mil 640 millones de pesos, quedando un total de 57 mil 844 millones, la cifra más baja desde 2019.
Para 2025, el ramo Conahcyt cuenta con 33,295.2 millones de pesos, presentando una caída del 3.7% real. Mientras que los 26 centros públicos que lo integran afrontarán disminuciones presupuestales importantes para 2025. De igual manera, el Anexo del Programa de Ciencia, Tecnología e Investigación refleja una disminución del 1.86%, equivalente a 2,787 millones de pesos menos. El monto del Anexo alcanzará los 151 mil 474 millones de pesos y plantea dudas sobre su efectividad, ya que incluye programas que no están directamente relacionados con los objetivos principales de este sector.
