Vecinos de diferentes colonias y agencias de la ciudad de Oaxaca de Juárez marcharon para exigir la abrogación del decreto de 1992 que delimita una zona de reserva ecológica y área natural protegida en la capital del país.
La movilización partió de la Calzada San Felipe hacia el Zócalo de la ciudad, donde protestaron frente al palacio de gobierno.
Los vecinos explicaron que en noviembre de 1992 el gobierno estatal publicó un decreto donde delimitaba una Zona de Reserva Ecológica y Área Natural Protegida en la zona conurbada de la Ciudad de Oaxaca de Juárez.
“La verdadera intención de este decreto”, aseguraron, “fue despojar a los grupos agrarios para lucrar y beneficiar a los allegados del entonces gobernador”.
En más 30 años no se realizó una consulta pública ni un plan de manejo, por lo tanto, el área continuó poblándose y hogares de miles de familias oaxaqueñas se ubicaron en la zona sin conocimiento ni notificación alguna de este decreto.
Los propietarios que datan desde los años treinta han escriturado y cumplen con las obligaciones como el pago de predial.
“Hoy en día este decreto está afectando propiedad social y pro piedad privada sin información ni consentimiento de las implicaciones y sin los debidos procedimientos generando afectaciones hacia nuestro patrimonio como ciudadanos”.
Las localidades afectadas por este decreto, precisaron, son las agencias de Guadalupe Victoria, Donají, Pueblo Nuevo, San Felipe del Agua y Trinidad de Viguera, de la ciudad de Oaxaca; así como las colonas Loma, Lomas del Crestón, Mártires de Río Blanco, Microondas, Aurora, Estrella, Sabino Crespo, Solidaridad, Los Encinos, Buena Vista, San Luis Beltrán, San Agustín Yatareni y más de 40 colonias afectadas.
Insistieron en que la población no fue consultada previamente ni obtuvo información oportuna, y señalaron que en 32 años el decreto no entró en vigor por la falta de fundamentos e ineficiencia del mismo. “Hoy ese decreto es inoperante”, sentenciaron.
También puntualizaron que el decreto pone en riesgo 26 mil cédulas catastrales, que son el patrimonio de miles de familias que se han esforzado por tener una vivienda digna.
Ante este panorama, exigieron la abrogación del decreto de 1992, la garantía de protección de su patrimonio y una audiencia con el gobernador Salomón Jara Cruz, con la Secretaría del Medio Ambiente y con el municipio de Oaxaca de Juárez.
Los vecinos recalcaron que no son invasores, ni son inmobiliarias, y que tampoco están en contra del medio ambiente. “Somos familias defendiendo nuestro patrimonio”, expresaron.
