Habitantes de la comunidad El Coyul de San Pedro Huamelula en el Istmo de Tehuantepec, bloquearon la carretera 200 Costera en el sub tramo Huatulco-Salina Cruz ante la falta de atención de las autoridades estatales y de justicia, por el despojo de mil 452 hectáreas.
Los pobladores denunciaron que, pese a que son sus tierras, 21 habitantes de la comunidad fueron condenadas injustamente a 15 años de prisión, a pagar una desproporcionada reparación del daño de más de 55 millones de pesos y una multa de 90 mil pesos, bajo la falsa acusación de despojo agravado y secuestro.
Denunciaron que tanto la Fiscalía General de Oaxaca y el Tribunal Superior de Justicia del Estado han omitido y desestimado las pruebas que han presentado a favor de la comunidad, y acusaron a ambas instancias encargadas de la investigación y procuración de justicia, de pretender encubrir este despojo.
Los habitantes y miembros de la asamblea comunitaria de El Coyul recordaron que han realizado protestas en la ciudad de Oaxaca para demandar la atención de las autoridades ante la situación que enfrentan; pero hasta la fecha no han recibido ninguna solución.
En la comunidad indígena chontal de El Coyul, agencia municipal de San Pedro Huamelula, explicaron, 221 familias organizadas desde 1972 en la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul se enfrentan a “una brutal embestida” por parte de un cártel inmobiliario con la complicidad de notarios, jueces, ministerios públicos y altos funcionarios corruptos.
“Buscan despojarnos de más de 1 mil 452 hectáreas de tierras que históricamente nos pertenecen y hemos defendido en conjunto con los bienes naturales en ellas, como son manglares, playa, flora y fauna endémica”.
De este despojo, señalaron como responsables a Joel Ricárdez López, Alfredo Manuel Mena Alonso y Rigoberto Cruz Cartas, principales operadores y orquestadores de este conflicto y quienes se han adueñado de la playa, devastado hectáreas de selva.
“Esta sentencia no solo es profundamente injusta, también tiene el objetivo de infundir miedo en quienes defendemos la tierra, el territorio y los derechos humanos”.
Los integrantes de la asamblea comunitaria de El Coyul y de la APIIDTT, responsabilizaron a Joel Ricárdez, Alfredo Manuel Mena y Rigoberto Cruz Cárdenas, del clima de división, violencia, persecución, criminalización, amenazas, acoso, hostigamientos y de cualquier medida de presión, difamación, amenaza y agresión en contra los habitantes de la comunidad.
También los hicieron responsables de cualquier cosa que le llegue a pasar a Román Sosa Miñón, quien ha sido amenazado por estás personas constantemente y despojado violentamente de su área de trabajo en la playa.
