La organización Piña Palmera cuestionó la asignación de 900 millones de pesos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Fundación Teletón, y exigió un presupuesto digno para las personas con discapacidad.
En una carta pública dirigida a la mandataria explicó que Piña Palmera es una organización civil de Oaxaca confirmada por personas con y sin discapacidad del estado de Oaxaca, defensores y defensoras de derechos humanos y algunos/as formamos parte de organizaciones de la sociedad civil que acompañan a muchas personas con discapacidad y a sus familias en comunidades rurales e indígenas del estado
“Oaxaca es uno de los estados más empobrecidos del país y tiene comunidades que están en situación de pobreza extrema, como lo son las comunidades rurales e indígenas con las que trabajamos”, agregó.
En este contexto, dijo que ven con preocupación que, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad se celebró la firma de un convenio entre el Gobierno Federal y la Fundación Teletón para destinar 900 millones de pesos para la rehabilitación de personas con discapacidad.
Tal magnitud de recursos, aseguró, debería de ser utilizada para realizar políticas públicas integrales con enfoque social y de derechos, priorizando a las personas de comunidades mas pobres y los requerimientos mas importantes para favorecer su inclusión.
“Nos preocupa que, aunque tenemos suficientes instrumentos como lo es la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad, las personas con discapacidad seguimos enfrentando infinidad de barreras para nuestra participación social en condiciones de igualdad y se siguen vulnerando nuestros derechos humanos en materia de salud, educación, sustento y en lo social”.
Piña Palmera puntualizó que respetan el trabajo que realiza Teletón con las infancias, no obstante, consideran que una política pública no sólo debe contemplar la rehabilitación de las personas con discapacidad, sino tiene que ir mucho más allá de esta
‘La Convención es vinculante y garantiza el cumplimiento obligatorio por parte del Estado en cualquier rincón del pais y asegura el goce pleno en condiciones de igualdad de los derechos humanos para todas las personas con discapacidad. El Estado mexicano adquiere la obligatoriedad de garantizar la inclusión plena y efectiva de todas las personas con discapacidad a través de políticas públicas transversales y con enfoque social y de derechos humanos”.
Por ello, exigió presupuestos dignos para los estados y los municipios que permitan impactar directamente a las personas con diferentes condiciones de discapacidad y Edad, asi como para las organizaciones de la sociedad civil que hacen un trabajo constante y visible en las comunidades de alta marginación.
