En el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024, periodo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se registraron en Oaxaca un total de 34 ejecuciones extrajudiciales, según el informe 2024 del Comité Cerezo.
La entidad oaxaqueña concentra el 40.4 por ciento de este tipo de crímenes en el país durante estos últimos seis años. El informe sostiene que el total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en todo el sexenio de López Obrador, es de 84 personas defensoras de derechos humanos.
Y asegura que estas ejecuciones extrajudiciales fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y cuyos perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de comisión o aquiescencia.
Después de Oaxaca, sigue Veracruz con un total de ocho ejecuciones extrajudiciales, siete en Guerrero, siete en Chiapas, cuatro Morelos, tres en Puebla, Michoacán, Hidalgo y Sonora; mientras que los estados que registraron al menos una ejecución extrajudicial son Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Colima, Tlaxcala y el Estado de México.
“En todos nuestros informes que las cifras expuestas son sólo de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de Estado en la modalidad de comisión o aquiescencia, en contra de personas defensoras de derechos humanos que han sufrido esta grave violación a los derechos humanos como respuesta estatal a su trabajo de defensa de derechos humanos”, precisa el informe.
Comité Cerezo advierte que la práctica de la ejecución extrajudicial muestra una disminución significativa con respecto a la cifra de 184 casos del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Aún así, la organización señala que se necesitan hechos concretos para frenar y erradicar esta grave violación a los derechos humanos, en concreto, investigaciones a fondo y sanción a los responsables de estos hechos, así como sanciones a los beneficiarios de las ejecuciones extrajudiciales, sólo así, “eliminando la impunidad es posible frenar e incluso erradicar esta práctica del terror estatal en contra de las personas defensoras de derechos humanos en México”.
“En el sexenio que ha terminado presenciamos algunas acciones judiciales en contra de los perpetradores, sin embargo son intentos tibios, que muchas veces terminan en sentencias absolutorias en contra de los perpetradores, lo que significa también impunidad”.
De acuerdo con el informe, mientras Morena va tomando el poder de municipios y estados, la ejecución extrajudicial, aunque en menores cantidades, los beneficiarios son los mismos que en sexenios pasados: viejos caciques locales que, como en Chiapas, fueron del PRI, luego del Partido Verde Ecologista y ahora de Morena.
“Mantienen la misma lógica de represión y saqueo de recursos a favor de grandes intereses económicos y mantienen el discurso de que son fuerzas más poderosas que el Estado, la delincuencia organizada la que genera la violencia, mismo discurso con el que Calderón inició y Peña Nieto mantuvo la guerra contra el pueblo en los sexenios pasados.
“El mismo gobierno de la 4T, mantiene el discurso de que el Estado ya no viola derechos humanos y ya no reprime a la disidencia política de izquierda, como si existiera otro actor que viola derechos humanos, lo cual ya sabemos desde que aprendimos el ABC de los derechos humanos, es una mentira que promueve Morena y sus gobernantes para evadir su responsabilidad”.
