El Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO) condicionó a los trabajadores despedidos por el gobierno de Salomón Jara Cruz a no promover ningún amparo contra el decreto aprobado en la 66 Legislatura del Congreso local, en el marco de las negociaciones con la administración morenista.
De acuerdo con los trabajadores consultados, la dirigencia sindical argumentó que la firma del documento en el que se comprometen a no presentar ningún amparo, es porque no se pueden promover dos juicios similares, y que de hacerlo, podrían incurrir en un delito. Todo esto, bajo la promesa de que el sindicato será quien promueva este recurso judicial contra el decreto con el que se despidió a mil 344 trabajadores con nombramiento base del gobierno del estado.
El documento que obligaron a firmar a las personas despedidas está dirigido al secretario general del STPEIDCEO, Pedro Castillejos Villalobos, y en él aseguran no haber promovido ninguna demanda de amparo.
“Que bajo protesta de decir verdad manifiesto que no he presentado ninguna demanda de amparo con anterioridad a esta fecha, ante los Juzgados Federales del Estado de Oaxaca, en contra del DECRETO NÚMERO 24 MEDIANTE EL CUAL QUEDAN SUPRIMIDAS CON EFECTOS INMEDIATOS 1,344 (MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO) PLAZAS ADMINISTRATIVAS PERTENECIENTES AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con fecha doce de diciembre del dos mil veinticuatro”.
“Hago esta declaración con el pleno conocimiento”, señala el documento, “de que la promoción de un doble amparo está prohibida por la Ley de Amparo y podria constituir un delito, haciéndome acreedor a las sanciones correspondientes”.
Los trabajadores confirmaron la veracidad de este documento; pero afirmaron que la gran mayoría no se confió de los dirigentes del STPEIDCEO, y decidieron promover sus demandas de amparo; al menos el 80 por ciento de las personas despedidas interpusieron ante la justicia federal este recurso de manera individual contra el decreto.
Sobre todo, porque al consultar con sus abogados, confirmaron que no cometen ningún delito como se afirma en el documento que les hicieron firmar. En todo caso, entre el amparo individual y el que interponga el sindicato, la justicia federal tendrá que optar cuál de los dos será admitido, según sus asesores legales.
Por otro lado, también confirmaron que algunos de los amparos que han promovido han sido rechazados por la justicia federal; pero no porque el decreto no sea inconstitucional, sino porque no han sido bien sustentados por los abogados que los han promovido.
Mientras esto ocurre, afirman que aumenta la incertidumbre sobre las negociaciones entre el sindicato y el gobierno, así como el proceso de revisión de cada una de sus plazas o nombramientos base, porque desde no los han vuelto a llamar ni los miembros de la dirección sindical, incluido Pedro Castillejos, les responden las llamadas. Es esta situación, dijeron, lo que los hace desconfiar de sus líderes sindicales.
Además, afirmaron que hubo un proceso de hostigamiento y amedrantamiento contra 10 trabajadores despedidos a través del decreto de Salomón Jara, y que fueron sus representantes ante las negociaciones entre el gobierno de Oaxaca y el STPEIDCEO; algunos de ellos fueron señalados directamente por funcionarios del gobierno del estado, y otros fueron vigilados e intimidados.
Los trabajadores mencionaron que tienen como fecha límites el 3 de enero de 2025 para promover los amparos individuales contra el decreto del Poder Judicial de la Federación (PJF), ante la omisión del sindicato y luego de que sus dirigentes han ignorado sus llamadas.
