Desde hace 11 años el Gobierno de Oaxaca no ha cumplido con la obligación de instalar la Comisión para Atender, Prevenir y Eliminar la Discriminación en Oaxaca, así como su Consejo Consultivo.
Según el punto de acuerdo presentado por los legisladores locales Irma Pinedo Santiago y Juan Marcelino Sánchez Valdivieso, el 9 de diciembre de 2013 se publicó la Ley para Atender, Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Oaxaca, la cual establece la creación de una comisión y un consejo consultivo, lo que coloca en un estado de indefensión a las personas frente a actos discriminatorios de los que pudiesen ser víctimas.
La Comisión tiene la responsabilidad de diseñar e implementar políticas públicas enfocadas en la prevención de la discriminación en todos sus ámbitos, laboral, educativo, de salud y en el acceso a servicios públicos.
A través de la investigación y el análisis de los patrones de discriminación en las regiones, también debe generar información valiosa para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la inclusión, así como fomentar el respeto por los derechos humanos y la diversidad cultural.
Y una de las tareas más cruciales de la comisión es la promoción de la educación en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación.
“Esto implica diseñar programas educativos y de sensibilización para el estudiantado, funcionariado público y la población en general, a fin de erradicar los prejuicios y estereotipos que perpetúan las prácticas discriminatorias. Además, es importante promover la interculturalidad, entendida como el respeto y la valoración de la diversidad cultural, como un pilar de convivencia pacífica y armónica en la sociedad oaxaqueña”, señala el punto de acuerdo de los diputados de la 66 Legislatura del Congreso del Estado.
La pluralidad cultural de Oaxaca, advierten, coloca a sus habitantes en una situación vulnerable frente a prácticas discriminatorias que afectan, en particular, a los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras minorías.
Tal es el caso, afirman, de la población LGBTI+, que en el estado asciende a 211 mil 547 personas que se asumen como parte de esta comunidad, lo que representa el 6.9% de la población estatal de 15 años y más.
Los diputados locales señalan que la discriminación en Oaxaca no solo se manifiesta en el ámbito social, sino también en el acceso a servicios de salud, educación, empleo y en la participación política. “A menudo, los grupos vulnerabilizados enfrentan obstáculos para acceder a servicios públicos adecuados, ya sea por la barrera del idioma, la falta de infraestructura o por prejuicios que los estigmatizan como ciudadanos de segunda clase”.
A su vez, apuntan, la discriminación en el ámbito laboral, la violencia de género y la exclusión social se combinan para crear un entorno de desigualdad estructural que “perpetúa ciclos de pobreza y marginación”.
