El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Oaxaca (SSPyPC), Iván García Álvarez, aseguró por segunda ocasión que la desaparición de ocho jóvenes originarios de la capital del estado y vistos por última vez en Río Grande, fue por un “tema de drogas”.
En la víspera, el mismo funcionario sostuvo que la desaparición de estos jóvenes fue por actividades relacionadas con el narcomenudeo.
Hoy, la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Michel Julián López, informó que ya subió a ocho el número de jóvenes desaparecidos que realizaban un viaje de amigos a Puerto Escondido. Las familias de las víctimas, afirman que el grupo de personas desaparecidas es de 14.
Para el activista Joaquín Galván, las declaraciones de Iván García son irresponsables o con una abierta intencionalidad dolosa “de los funcionarios del gobierno de Oaxaca al realizar declaraciones de especulación, estigmatización o criminalización contra las víctimas de desaparición forzada”.
A través de un pronunciamiento, recordó que jurídicamente está prohibido que los funcionarios públicos emitan declaraciones “criminalizantes” en las que se responsabilice a las víctimas de su propia desaparición.
Joaquín Galván recordó que lo mismo ocurrió con la desaparición de la activista y defensora de derechos humanos, Sandra Domínguez Martínez, cuando la postura institucional de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca a través de su titular Jesús Romero López y el Gobierno del Estado Oaxaqueño fue la de canalizar todos sus esfuerzos mediáticos en restar la calidad de víctima de la defensora arguyendo como responsable de su desaparición a su pareja (también desaparecido) por vínculos con grupos delictivos.
“Estas posturas institucionales ante el fenómeno de desaparición forzada en Oaxaca que ha cobrado notoriedad en estos últimos meses tienen un solo fin: Atentar contra la dignidad humana de las personas desaparecidas, restándoles su calidad de víctima, criminalizándolas para que de esa forma se reduzca la presión social contra las instituciones”.
Además, puntualizó que los funcionarios del Gobierno de Oaxaca con estas declaraciones están violando Ley General de Desaparición Forzada y la Ley General de Víctimas.
En esta ley se establece que “las autoridades no deben agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como responsable de los hechos que denuncie, ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva, la estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deben evitarse”.
El activista Joaquín Galván insistió que estas declaraciones son narrativas que pueden desvirtuar el acceso a la verdad, encubriendo la negligencia o inoperancia de las instituciones ante la desaparición forzada o protegiendo directamente a figuras de poder involucradas y sobre todo “poniendo en riesgo a las familias de las y los desaparecidos, atentando contra uno de los derechos elementales de las víctimas: el derecho a ser buscado”.
