El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) informó que el próximo 1 de febrero realizará una marcha caravana desde la desviación de Tlaxiaco, Yucudaa, hacia la ciudad de Oaxaca, con el objetivo de exigir justicia por los crímenes que se han cometido contra los miembros de su organización.
En conferencia de prensa, detalló que realizarán una parada en Yanhuitlán y posteriormente partirán hacia la capital del estado, donde pernoctarán en el mercado zonal de Santa Rosa Panzacola, y finalmente saldrán en marcha el domingo 2 de febrero hacia el zócalo de la ciudad.
“En esta movilización participan hombres, mujeres, niños y ancianos de la Montaña Roja y de todo el estado, con la exigencia de justicia para todos nuestros compañeros asesinados, justicia para nuestro máximo dirigente Heriberto Pazos Ortiz, presentación con vida de las niñas Triquis desaparecidas desde hace más de 10 años Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, alto a los ataques contra nuestras comunidades en la Región Triqui”.
La organización rechazó la narrativa que está construyendo el gobierno tanto del estado de Oaxaca como del gobierno federal, para deslindarse de su obligación constitucional de lograr la pacificación en la zona Triqui.
Y sostuvo que la violencia que se ejerce en contra del MULT, viene desde los grupos hegemónicos de la región triqui, “que usan a los esquiroles de siempre, estos sólo llevan muerte y desolación a nuestras comunidades, con el único fin, de que los caciques se apoderen nuestras riquezas naturales existentes en la región”.
Recalcó que la obligación del gobierno, es detener la actividad delincuencial de estos grupos, que destruyen el tejido social del pueblo Triqui y Mixteco.
“Estos personajes no miden consecuencias y violan sistemáticamente la ley haciendo uso de armas exclusivas del Ejército y la Policía, para agredir de forma cotidiana a nuestras comunidades o bien impidiendo por la fuerza, el derecho al libre tránsito de las vías de comunicación, cada vez que ellos quieren bloquean la carretera federal que comunica a la cabecera municipal de Santiago Juxtlahuaca, afectando a cientos de personas que buscan la compra y venta de sus productos básicos, todo ello bajo la mirada cómplice del gobierno del estado que no interviene a pesar de los delitos que se les señalan”.
Finalmente, exigieron el esclarecimiento de todos los asesinatos cometidos en contra de integrantes de su organización, la libertad de presos políticos, la presentación con vida de las personas desaparecidas, un alto a la militarización de los territorios indígenas y a la criminalización de la lucha social y de los luchadores sociales.
