Consecuencia del Jarismo y su Neoliberalismo rampante, en Oaxaca, el segundo piso de la denominada cuarta transformación se desarrolla bajo un modelo completamente distinto del cual hacen propaganda desde presidencia desde más de seis años. Siendo la entidad federativa donde claramente lo establecido en la cartilla moral impuesta por el expresidente López Obrador, cuyo objetivo era, y cito, “moralizar la vida pública de México fortaleciendo los valores culturales, morales y espirituales, buscando el bienestar material y del alma”, se convirtió en un total fracaso. Ya que, como consecuencia de diversas irregularidades y escándalos del actual gabinete estatal, se encuentra en entre dicho si existe o no bienestar material y del alma para el pueblo de Oaxaca.
En este contexto, quizas habría que preguntarle a todos los actuales pacientes hospitalizados en todo el estado, y a sus familiares, si están contentos con las condiciones en las que se encuentran los hospitales del estado de Oaxaca al estilo Dinamarca. Porque de acuerdo con palabras del propio gobernador Jara, la falta de insumos, mantenimiento a las instalaciones, y desactualización de equipo médico, es solo un mito. Argumentando que todos los señalamientos de las carencias hospitalarias son consecuencia de las disputas del sindicato, en especial en el Hospital General de Oaxaca.
Desafortunadamente, la realidad proporciona otros datos. De acuerdo con información proporcionada por familiares de pacientes del Hospital General “Dr. Aurelio Valdvieso”, el Hospital General de Zona No.1 “Demetrio Mayoral Pardo” y el Hospital de la Niñez, en promedio, gastan cerca de $1,800 pesos diarios. Cantidad que tiene una variación en función del tipo de enfermedad, y que es producto de la falta de insusmos y materiales de trabajo, sin dejar de mencionar que para que no aumente su gasto, tienen que pasar los días y las noches en condiciones muy alejadas del bienestar prometido desde el 2018.
Las fuentes consultadas también agregan que la crisis en los hospitales es una realidad tan cruel que se asemeja más a una pelicula de terror que vivir en Dinamarca. Porque como están las cosas, para que en los hospitales se cuente con paracetamol y luz eléctrica es un milagro de Dios. Porque en Oaxaca es vital adquirir papel picado en millones de pesos, pero no así invertir en las necesidades mínimas en materia de salud y prevensión social. El contenido fotográfico y en video con la que cuentan los familiares de los pacientes, material que se ha compartido en las diversas redes sociales, son prueba que Salomón vive con su realidad distorsionada.
Llegados a este punto, es importante cuestionar, ¿dónde están los 593 millones de pesos destinados en la construcción, remodelación, mantenimiento, equipamiento y rescate del sector salud en Oaxaca? Cantidad anunciada el pasado 10 de septiembre del 2024 en la semanera oaxaqueña, que más parece una lloradera semanal del gobernador y su gabinete. En esta conferencia se anunció que de esos 593 millones, 180.5 millones fueron utilizados en el año 2023, y los 413.41 millones restantes se utilizarían antes de terminar el 2024.
Por si no fuera poco, en diciembre pasado, trabajadores de salud realizaron una serie de bloqueos y toma de casetas, exigiendo pagos de salarios y prestaciones pendientes establecidos en los acuerdos del proceso de transición de los Servicios Salud del estado al IMSS Bienestar. Situación que resulta inquietante, ya que de acuerdo con datos del reporte trimestral de las finanzas públicas al segundo trimestre, publicado por la SHCP en el 2024, el estado de Oaxaca registró una variación real positiva del 82% de recursos transferidos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud durante el 2024 en comparación con el 2018, para el pago, precisamente, de servicios personales como los sueldos, compensaciones, bonos, estímulos económicos, entre otros. ¿Por qué el retraso de los pagos?
El actual gobierno del estado, que se auto define como un gobierno de terriotorio y no de escritorio, y cercano a la gente, cuyas acciones dan continuación al proyecto humanista de la presidenta, con una tranformación donde nadie se quede atrás y nadie se quede afuera, es todo menos humanista. Y más que proceso de transformación, el verdadero fondo y modelo de gobierno oaxaqueño parece más un revanchismo puro.
En días recientes, y bajo el argumento de que se aplicó austeridad republicana al no alcanzar el presupuesto para dar mantenimiento a una alberca semiolímpica que servía para terapías de rehabilitación de niños y adultos con discapacidad motriz en las instalaciones del DIF, se ordenó cubirir con cemento para colocar sobre ésta juegos infantiles. Tal parece que para Irma Bolaños, la presidenta honoraria del DIF estatal, estos juegos infantiles son mejor terapia para las personas con problemas motrices. Ante esto, Salomón Jara argumentó que dicha acción es consecuencia de irregularidades encontradas en la construcción, mantenimiento y funcionamiento de la alberca, lo convertía en un proyecto no autosustentable, sobre todo, porque el costo de su mantenimiento mensual era cerca de 60 mil pesos.
Sin embargo, con datos de distintas plataformas especializadas en el tema de operación de albercas, se estima que, en promedio, el mantenimiento de una alberca olímpica, es de 20,000 pesos al mes. Costo que puede incluir productos químicos, reparación de grietas o fisuras, controll del pH y bombeo. ¿Un verdadero gobierno humanista no hubiera preferido priorizar soluciones al largo plazo para beneficio de la población objetivo antes que elegir el cemento como solución final?
Si para gastos de adornos de papel con una vida máxima de un mes se destinaron 3 millones 295 mil pesos, ¿por qué para una obra ya construida no se puede destinar la misma cantidad? Es importante recordar que recientemente la Auditoría Superior de la Federación detectó que en Oaxaca durante el 2023 el DIF estatal entregó 3 millones 327 mil pesos en apoyos a 1,111 beneficiarios fallecidos antes de ese año, si la presidenta honoraria desborda de humanismo para apoyar a los fallecidos, se esperaría la misma acción para los que siguen vivos.
Pero si la falta de humanismo no fuera poco, que nadie se quede atrás y nadie se quede afuera, no es una ideología partidista, es cosa de un dedazo Jarista. Como regalo de navidad, en diciembre pasado el Congreso de Oaxaca aprobó un decreto por el cual se suprimieron mil 344 plazas, que, de acuerdo con el gobernador, esta acción se justifica porque fueron plazas entregadas de manera desproporcionada, irregular y sin los criterios generales de la política económica.
Ante esto, es interesante que el gobernador señale que es una acción como parte de las directrices de política económica; de acuerdo con los principios teóricos, la política económica tiene por objetivo crear un marco que permita el crecimiento económico y la estabilidad. Sin embargo, en un contexto como el oaxaqueño, lider nacional en el porcentaje de población ocupada en el sector informal, y donde según datos del CONEVAL, el 58.4% de su población se encuentra en situación de pobreza y 36% en pobreza extrema, ¿cómo es posible que con 1,344 nuevos desempleados se pueda pensar en estabilidad y crecimiento económico?
Sobre el tema del decreto número 24, y ante la desinformación o manipulación del gobierno del estado y medios oficialistas, es importante aportar unas apreciaciones que priva a este decreto.
En primer lugar, no existe duda alguna de que este decreto es anticonstitucional, en virtud de que nuestra Constitución es la Ley máxima del país, y dentro de su contenido se encuentra el apartado B fracción IX del artículo 123, en el cual se establece que ningún trabajador puede ser suspendido o cesado sin causa justificada probatoria. Ante esto,el artículo 39, inciso “j”, de la Ley del servicio civil y en el que se fundó el decreto, esta por debajo jerárquicamente de la constitución; además de señalar que, ante la falta de un procedimiento ni un medio de defensa, como una apelación, revisión, queja, entre otros, este decreto es ilegal y violatorio de derechos humanos.
En segundo lugar, la justificación del decreto recae en dos puntos. En la falta de techo financiero para cubrir los salarios de todo el gobierno, sin embargo, en el presupuesto de egresos 2025 aprobado el 23 de diciembre del 2024 deben de estar considerados los salarios de todo el gasto corriente estatal. De lo contrario, es necesaria una revisión de dicho presupuesto. Pero también, este decreto estuvo incompleto, hecho y aprobado al vapor en un ambiente de elección sindical donde la planilla oficialista no obtuvo los resultados esperados.
En tercer lugar, la notificación los empleados dados de baja fue por medio del periódico oficial, lo cual es ilegal y violatorio de sus derechos humanos en virtud de que no se trata de todos los empleados del gobierno del estado, sino solo de 1,344, por lo cual la notificación debió ser personal. Dando a conocer en cada caso, el procedimiento laboral o investigación que justifica su baja, pero, por el contrario, el argumento del gobierno del estado se basa en supuestas compras de bases.
En cuarto lugar, los jueces federales adscritos a los juzgados 3º, 5º, 9º y 10º desecharon los amparos interpuestos contra el decreto, pero contra esto existe el recurso de queja, el cual seguramente será ganado al ordenar a los jueces que conozcan de dichos juicios tomando en consideración que sus superiores del Tribunal Colegiado ya dieron curso a los procedimientos, por lo cual se deduce que en corto tiempo se les obligara a conocer y tramitar los amparos interpuestos. Por esta razón, en Oaxaca no habrá elección judicial de jueces y magistrados hasta el año 2027.
En quinto lugar, algunos jueces federales que aceptaron el trámite de los amparos interpuestos, solicitaron hacer aclaraciones y precisar los actos reclamados, concediendo la suspension provisional y ordenando el pago a los trabajadores el 30% de todas sus prestaciones y restituyéndoles el servicio medico. Ante estas resoluciones, el consejero jurídico Geovany Vásquez, interpuso el recurso de queja tratando de que se revocara este pago de salario del 30% y el servicio médico, sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado correspondiente desechó todos sus recursos de queja por infundados por improcedentes e incluso por involucrar indebidamente a responsables que no están señalados como tales.
En consecuencia, en meses posteriores el panorama se centrará en un aumento en los amparos promovidos por los trabajadores afectado, sobre todo, porque ya existen precedentes, y porque la justicia no puede ni debe de ser selectiva. Por esta misma razón, en su momento se otorgarán la totalidad de suspensiones definitivas sin desechar por completo el decreto 24, y solo dejarlo en suspendido, pero obligando al gobierno estatal a continuar pagando el 30% de su salario mínimo vital hasta que se resuelvan en lo principal los diversos juicios de amparo, e incluso si son motivo del recurso de revisión, lo que podría extender la situación otro año más, lo que significa que el gobierno del estado estará erogando el 30% el salario de posiblemente 1,344 empleados sin presentarse a trabajar y con el servicio médico incluido.
Por si fuera poco, para el número total de trabajadores que ganen sus juicios de amparo tendrán que ser restituidos en sus puestos y tendrán que recibir todas las prestaciones que les adeuden retroactivamente y sin devolver el 30% de lo que reciban hasta llegado el final del proceso jurídico.
Ante este monumental fracaso del gobierno de Salomón, el consejero jurídico Geovany Vásquez, debería ir considerando que se convertirá en el trabajador número 1,345 en quedarse sin trabajo y con justificación de sobra.
Sobre esta línea, y aunque el gobernador no es abogado, y es evidente que no tiene asesores de calidad, ¿por qué no, por mera intuición política, aprovechando la visita de Fernández Noroña, presidente del Senado y perteneciente al Partido del Trabajo, simularon un acuerdo en beneficio de los trabajadores creado por el desconocimiento de la Ley?
Siendo una salida decorosa, sin más ruido del ya creado, y sin incentivar a exigir una investigación real que también incluya a la presente administración, donde, según fuentes internas del gobierno del estado, en la Secretaría de Administración, desde la llegada del ahora Senador Nino Morales, se llenó de aviadores y personal sin el nivel académico mínimo. Pero para el gobierno humanista de Salomón, es mejor sacrificar, al puro estilo del régimen neoliberal, y de la noche a la mañana, a trabajadores a punto de jubilarse, y a otros más que sufren alguna discapacidad y son el sustento de sus familias. Y, por el contrario, los trabajadores lo único que han recibido es represión, como lo sucedido el pasado 18 de enero cuando la policía del estado replegó con violencia a los burócratas que se manifestaban pacíficamente en las entradas al Centro de Convenciones, violentando a mujeres, discapacitados y personas de la tercera edad.
Por si todo lo anteriormente planteado no fuera suficiente para deducir que el declive de la debilitada credibilidad morenista iniciará en Oaxaca, recientemente aparece un nuevo factor externo que dará de qué pensar al gobierno de Salomón.
En el año 2020, en una colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de México y la Administración para el Control de Drogas (DEA), se llevó a cabo la operación “Agavez azul”, que tenía por objetivo de asestar un golpe en el núcleo financiero del Cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los mayores generadores de violencia en el país y con creciente expansión territorial. Ubicando a un gran número de integrantes de dicho grupo criminal, así como a sus mayores operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de capitales en los los estados de Jalisco, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Quintana Roo, la Ciudad de México y el estado de Oaxaca.
Derivado de esta operación, se bloquearon 1,939 cuentas bancarias, entre ellas la de tres alcaldes, dos de Jalisco y uno de Oaxaca, en San Blas Atempa. Sin embargo, el gobierno de López Obrador no logró concretar la efectividad de esta operación, ya sea por incapacidad gubernamental u otra razón de vínculo, ya que se consiguieron suspensiones provisionales o definitivas dentro de juicios de amparo.
La principal dificultad para las autoridades del gobierno federal estribó en la Ley de Instituciones de Crédito, la cual establece que el bloqueo, en este tipo de investigaciones, procede cuando se emite en el cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueran reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado mexicano.
Según fuentes internas del gobierno federal, se sabe que detrás del operativo Agave Azul se encuentran autoridades estadounidenses, aún interesadas en el combate y reducción del narcotráfico. Con expendientes vigentes, por lo cual, aunque la operación en su primera etapa fue fallida, con la llegada de Donald Trump y su discurso en contra de los cárteles mexicanos, se espera el seguimiento a esta operación, y otras más que se encuentran en espera. Situación que, sin duda alguna, condicionará a la presidenta Claudia Sheinbaum a tomar decisiones para ofrecer “resultados” y restaurar en la manera de lo posible el apoyo popular, como, por ejemplo, sacar del partido morenista a todos aquellos involucrados con el narcotráfico, lavado de activos y venta de huachicol. Disfrazando sus decisiones por medio de la revocación de mandato.
Finalmente, y después de dos años, miles de oaxaqueños seguramente están convencidos que si algo es cierto en este momento respecto del gobierno de Salomón Jara, es que es de un tipo de Neoliberalismo rampante encuadrado en un capitalismo de estado Familiar. Un gobierno humanista, que disfraza la explotación del hombre en nombre de una austeridad republicana se contratan trabajadores con salarios precarios, exiguos, que se ubican por debajo de la linea de sobrevivencia y reemplazo laboral de las familias.
En el gobierno de Salomón Jara no hay izquierda ni humanismo social. Hay explotación de los contratados disfrazada de tequios del bienestar. Y con la supresión de plazas laborales que aumentan el desempleo como advertencia o precedente de lo que les puede ocurrir a quienes protesten: quedarse sin trabajo. Lo que refuerza a aceptar los trabajos con salarios y condiciones laborales cada vez más precarias. Simple ecuación del capitalismo rampante. El Neoliberalismo en todo su esplendor y apogeo.
Siendo un capitalismo de Estado, donde el gobierno o el gobernante decide a quienes hacer ricos. Y, como el caso del actual gobierno del estado de Oaxaca, se decide mayormente en favor de miembros de su familia, sin importar que lo prohibe la ley. Abiertamente. Desvergonzadamente. Cínicamente y en contra del combate al nepotismo que desde presidencia se promociona. Destruye obras hechas por gobiernos anteriores para reconstruir con las empresas constructoras de sus familiares o ligadas a sus familiares. Como si Oaxaca fuera inmensamente rico para tirar y reconstruir, con facturaciones a diestra y siniestra como ha sido característico del Neoliberalismo en México.
¿Dónde quedó el gobierno de izquierda? ¿Al igual que el Rey Salomón, Salomón Jara busca gobernar por más de 40 años por medio de él y su familia?
