A dos meses de la revocación de sus plazas de trabajo en la administración pública estatal, representantes de los más de 600 ex burócratas despedidos en diciembre por un decreto del Congreso de Oaxaca afirmaron que mantendrán sus movilizaciones hasta que la autoridad estatal los escuche y les devuelva sus lugares de trabajo.
En la actualidad, más de 250 personas han recibido distintos tipos de reveses por parte de jueces federales que han rechazado la promoción de amparos; sin embargo, los trabajadores permanecen buscando vías legales para recuperar sus puestos.
En ese sentido, los inconformes reiteraron que a prácticamente dos meses de la revocación de sus nombramientos, ninguna autoridad ha accedido a explicarles de manera individual y conforme a Derecho el por qué de su rescisión.
“Estamos en una lucha constante por la reinstalación de todos nosotros”, indicó una de sus representantes.
“Yo espero que la esperanza sea bastante… ya en cuanto a los amparos tenemos el 30 vital, el regreso del Seguro Social y así también la suspensión del decreto 24; sin embargo, nos hemos encontrado con trabas tanto así que no se han llevado a cabo ninguna de estas situaciones.
“Nosotros estamos luchando, estamos en pie de lucha… no tengo la cifra exacta más sin embargo también nos hemos enterado que han rechazado bastantes amparos; entonces, eso sí nos llena de tristeza, sin embargo, seguimos nosotros al pie de lucha para que se lleguen a resolver satisfactoriamente porque está bien sabido, los abogados han hecho estudios al decreto, de inconsistencias”, abundó.
Las dos trabajadores demandaron a los jueces federales actuar con neutralidad en la resolución de cada caso.
“Nosotros nos dirigimos a los jueces para que ellos se dirijan con probidad y justicia, ya que ese decreto lacera nuestros derechos constitucionales y les pedimos de favor que sean justos y les pedimos amparos a la justicia para que nuestra solicitud sea viable hacia nosotros”, resaltaron.
La última resolución favorable estuvo relacionada con el otorgamiento de una suspensión definitiva en favor de 53 trabajadores despedidos en la que el Juzgado Décimo de Distrito ordenó que el gobierno estatal pague el 30% del salario que percibían las personas afectadas con la destitución hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo.
Aquel porcentaje, fue considerado por la autoridad judicial como un mínimo vital para cubrir las necesidades básicas de los demandantes y también ordenó que les fuera restituido el Seguro Social.
“Sí, son compañeros, y nos alegramos bastante por esa situación… y seguimos en pie de lucha; esto no se puede terminar así, la sociedad también únase apóyenos… somos familias que dejaron sin sustento, hay hijos, hay hijas que dependen de nosotros”.
Luego de la restitución del 49% de las mil 344 plazas revocadas en diciembre pasado, tras una serie de negociaciones con las autoridades estatales, los más de 600 trabajadores se quedaron despedidos acusaron que ninguna autoridad les ha notificado de manera individual el por qué de su separación.
“Tampoco nos han buscado para pedirnos, para solicitarnos algo. Que nos digan: ‘oigan porque ustedes se pronuncian si están fuera o que cometieron arbitrariedades al conseguir sus lugares dentro del gobierno del estado’; nunca nos han llamado, nunca nos han solicitado que les digamos realmente el por qué nos estamos manifestando.
“Simplemente desaparecieron estas huellas de reloj checador, nos dejaron de depositar nuestra quincena y así justifican un despido, pero, sin embargo, no hay notificaciones, no nos dijeron por qué: ‘Sabes qué no regresas por esto o aquello’, claro ni siquiera eso han preguntado realmente nosotros hemos enaltecido el gobierno de su trabajo”.
Asimismo, sostuvieron que “no somos personas malas ni personas que le deseamos el mal al gobierno ni a nadie, sino simplemente necesitamos nuestro trabajo , queremos dignificarnos con nuestro trabajo.
“Lo que nos hicieron fue un abuso y violencia… el que nos arrebataron el sustento de una manera tan imprevista, tan dura…”.
Infiltrados
Asimismo, los trabajadores despedidos acusaron que grupos de infiltrados se han hecho pasar durante los últimos días como ex burócratas con el objetivo de hacer desmanes a efecto de culpabilizarlos a ellos.
En ese sentido, manifestaron que en ninguna de sus protestas ellos han promovido la violencia.
