Tras más de dos meses de protestas por parte de los afectados, autoridades estatales informaron esta mañana que los más de 640 trabajadoras y trabajadores despedidos de la función pública tras la aprobación del decreto 24 por el Congreso del Estado serán liquidados “conforme a derecho”, con lo que descartaron la posibilidad de cualquier método de restitución.
Indicaron que habrá sólo una excepción y que ésta girará en torno a aquellos casos de ex burócratas separados que sufran de alguna discapacidad o enfermedad crónica grave o terminal, los cuales tendrán la posibilidad de reintegrarse previos análisis individuales.
También se informó que el gobierno estatal cumplirá las resoluciones de jueces federales que ampararon a un grupo de ex burócratas, quienes deberán recibir un 30 por ciento del salario que percibían antes de su despido, bajo el concepto de mínimo vital, así como la no baja de su seguridad social, hasta que se defina si su revocación es o no constitucional.
Fuera de ello, las autoridades descartaron cualquier posibilidad de que los ex burócratas, quienes quedaron fuera del proceso de restitución de plazas negociado a finales del año pasado entre la dirigencia sindical y el gobierno, puedan ser recontratados y cuyo número es de más de 600 personas.
En conferencia de prensa, los representantes del gobierno estatal informaron que del 17 al 21 de febrero, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, se implementarán cuatro mesas de atención en Ciudad Administrativa, en la sede de la Secretaría de Administración, con el objetivo de que los trabajadores revocados transmiten sus liquidaciones.
*Acatarán resoluciones judiciales*
Además, reiteraron que acatarán las resoluciones emitidas por los juzgados federales en favor de burócratas que tramitaron juicios de amparo en contra de sus despidos.
En ese sentido, el Poder Judicial de la Federación ordenó que las personas beneficiadas con suspensiones definitivas reciban el equivalente al 30 por ciento del salario que percibía al momento de su despido; lo anterior, como concepto “mínimo vital” para que puedan cubrir sus necesidades más apremiantes.
Los jueces federales ordenaron, también, que las y los ciudadanos protegidos tampoco pierdan su alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hasta que se resuelva de fondo la constitucionalidad o no de la revocación de sus plazas.
En una última resolución, la autoridad federal concedió el pago del mínimo vital y la no baja del seguro social a 53 ciudadanos y ciudadanas.
En caso de que se implemente cualquier mesa de negociación, el gobierno estatal advirtió que ésta se sujetará a los términos antes mencionados; es decir, al pago de liquidación, vital mínimo o análisis de casos de personas con discapacidad o con enfermedades crónicas o terminales.
“De una vez para que corra… a los 600 y tantos que no van a ser recontratados, a partir del 17 al 21 de febrero de 9 a 16 horas se presenten en Ciudad Administrativa en el edificio 1 y 2 para ver ya su liquidación”, informaron en conferencia de prensa.
“Recontratación es definitivo, ya no hay. Quien les esté dando una falsa expectativa ya no la hay…”, agregaron, al ser consultadas sobre el plantón que mantienen desde hace dos días trabajadores despedidos en Palacio de Gobierno.
“Si por ahí aparece de repente un discapacitado, lo vamos a incluir… para todos los demás los invitamos a que del 17 al 21 de febrero acudan a Ciudad Administrativa para iniciar su proceso y sean liquidados con forme derecho”.
