Trabajadores del Instituto de la Defensoría Pública Federal cumplieron más de tres horas con la toma de la sede del Poder Judicial de la Federación en San Bartolo Coyotepec, al sur de los Valles Centrales de Oaxaca.
Los manifestantes denuncian una reducción del 80 por ciento a los recursos de su fondo para el retiro, una condición que ha afectado desde la segunda quincena de enero a defensores, asesores jurídicos, delegados, jefes de departamento y áreas administrativas y cuya restricción es atribuida a la Reforma Judicial.
De acuerdo con los inconformes, la movilización en Oaxaca forma parte de una serie de actividades en todo el país en el marco de una sesión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) donde sus integrantes definirán si restituyen o no los conceptos que le han sido recortados a las y los abogados.
Según las denuncias, los agravios iniciaron desde hace 6 años de manera gradual, sin aumento de salarios “en una franca afectación y violación de derechos humanos y derechos laborales de los trabajadores”.
“Consejo de la Judicatura Federal exigimos respeto a los derechos laborales del personal del Instituto Federal de la Defensoría Pública”, dice una de las mantas que mantienen los manifestantes en la sede de su protesta.
“Les pedimos que respeten las acciones que estamos realizando el día de hoy, pues estas acciones se realizarán en toda la república”, reiteraron.
Asimismo, solicitaron al resto de los trabajadores del Poder Judicial Federal y sociedad en general unirse a su causa para evitar la proliferación de agravios en contra de trabajadores y población en general.
Además de mantas, los manifestantes colocaron módulos y equipo de sonido a las afueras de la oficina del PJF.
Los manifestantes indicaron que la Defensoría Pública Federal se hace cargo de la defensa tanto en materia penal como en otras materias de los litigios federales que hay en el país.
Agregaron que el Instituto Federal de Defensoría Pública es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura y por lo tanto dejó sin esta prestación alrededor de mil 300 personas.
El recorte a esta prestación obedece a la implementación de la Reforma Judicial en el país, denunció la semana pasada la senadora Amalia García de MC.
