El pasado 28 de enero, el “gobernador” Salomón Jara Cruz, a través de su controvertido consejero jurídico Geovany Vásquez, presentó una iniciativa para emitir un decreto en el que se autoriza a los 570 municipios del estado a adquirir deuda pública con cualquier institución financiera o banco. La propuesta detallaba que esta deuda se puede adquirir siempre y cuando se tenga la expresa autorización de su respectivo Ayuntamiento con el voto de mayoría calificada, y no supere el 25% de los recursos que reciben del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
Días después, el 4 de febrero, sin ningún tipo de análisis de riesgo en materia de finanzas públicas, y con 34 votos a favor, incluidos los votos a favor de los partidos de oposición, y cero en contra, los diputados de la sexagésima Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobaron el decreto correspondiente de la iniciativa en cuestión. En este punto es importante señalar que, en la iniciativa presentada por la Comisión de Hacienda del Congreso de Oaxaca para la justificación de la aprobación del decreto, se presentan dos puntos relevantes.
En primer lugar, señala que las legislaturas locales, “[…] por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, podrán autorizar los montos máximos para que los municipios contraten deuda, previo análisis de su destino, capacidad de pago y el otorgamiento de garantía […]”. Lo que resulta preocupante considerando que, y tal y como se demostró con la aprobación de este decreto, no existe oposición argumentativa para una evaluación de riesgo financiero, por lo que se intuye que todo se reducirá a un análisis en función del amiguismo y compadrazgo partidista, y de la influencia de intereses privados con actores políticos encargados de autorizar el endeudamiento.
En segundo lugar, “[…] que el objeto del proyecto de decreto que se presenta cobra importancia para la vida de los municipios y del estado de Oaxaca, porque la evidencia que se tiene a manera de herencia del pasado reciente es la del desfalco y la deficiente administración de los recursos públicos, que no fueron utilizados para resolver los problemas sociales que aquejan a los oaxaqueños […]”. Es decir, se acusa a un pasado reciente, pero no al pasado histórico, de las crisis políticas y desfalcos económicos de las finanzas públicas del estado de Oaxaca; pasado del cual Salomón Jara forma parte durante su paso como Secretario de Desarrollo Agropecuario y Forestal con el exgobernador Gabino Cué Monteagudo.
Pero más allá de la controversia política, la situación actual en el estado de Oaxaca sobre al endeudamiento municipal, debe de ser un tema de debate en la agenda estatal sobre la capacidad de los gobiernos municipales para contratar deuda pública. Sobre este tema mucha tinta se ha derramado en materia de investigación en las ciencias económicas y políticas, dando como resultado tres principales corrientes.
Los que sostienen que los municipios, en su mayoría, no cuentan con una fortaleza hacendaria que les permita ser independientes en el manejo de sus finanzas públicas. En contra parte, quienes argumentan que los gobiernos municipales, ante el elevado número de responsabilidades constitucionales que tienen con su territorio, deben de tener acceso a otras fuentes de financiamiento del tipo privado sin restricción alguna, impulsando una cultura de madurez institucional y fiscal. Y, una tercera corriente que establece que los municipios que busquen una descentralización financiera deben de contar con una hacienda local fortalecida, demostrando que cuentan con una mayor cantidad de ingresos por impuestos sobre el total de ingresos presupuestales.
De manera generalizada, diversos autores coinciden en que el financiamiento en forma de deuda es fundamental para el desarrollo inclusivo y sostenible, siempre y cuando se utilice de manera inteligente y planificada, se cuente con mecanismos de transparencia para vigilar su uso, pero, sobre todo, se tenga la capacidad gubernamental suficiente para la gestión de la deuda. De lo contrario, la deuda no controlada y sin respaldo financiero, puede ocasionar efectos adversos al largo plazo.
Al respecto, de acuerdo con el Banco Mundial, en la última década, la deuda externa de los países de ingreso bajo ha aumentado a un ritmo superior al crecimiento económico, empeorando como consecuencia de la pandemia del Covid-19 en el año 2020, pero también ocasionada por una desaceleración del crecimiento económico.
De acuerdo con Indermit Singh Gill, economista en jefe del Grupo Banco Mundial y vicepresidente sénior de Economía del Desarrollo, hace una década, en una época en que el financiamiento privado fluía a raudales hacia las economías en desarrollo, los gobiernos y las instituciones de desarrollo pensaron que era exactamente lo que se necesitaba para impulsar el progreso en la reducción de la pobreza y otros objetivos de desarrollo.
Infortunadamente, esto resultó ser una fantasía. Desde el año 2022, los acreedores privados extranjeros han extraído casi 141,000 millones de dólares más en pagos del servicio de la deuda de los prestatarios del sector público en las economías en desarrollo de lo que desembolsaron en nuevos financiamientos. En promedio, los pagos de intereses de los países endeudados con instituciones privadas equivalen a casi el 6% de sus ingresos de exportación, un nivel que no se registraba desde 1999, aunque en algunos países la proporción llega al 38% de sus ingresos de exportación.
En el caso de México, y de acuerdo con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas establece que la Deuda Bruta Interna del Sector Público al cierre del 2024 ascendió a 13 billones 356 mil 459 millones de pesos, mientras que la deuda externa ascendió a 222,494.3 millones de dólares. El total de la deuda es equivalente al 51.4% del PIB nacional. Por su parte, el estado de Oaxaca, de acuerdo con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, registra una deuda de 14 mil 994.2 millones de pesos al cierre del 2024, que representa el 2.7% de su PIB estatal y el 44.4% de sus participaciones federales.
Sin embargo, esta cifra no coincide con la presentada por Farid Acevedo, titular de la Secretaría de Finanzas del estado, quien, en su reciente informe ante integrantes de la legislatura local, afirmó que la deuda de Oaxaca tiene un saldo pendiente de 16 mil 450 millones de pesos. Además, es preciso señalar que la disminución de la deuda, en pesos corrientes, sin considerar los efectos de la inflación, es que, en el año 2023 con respecto al 2022, la deuda disminuyó un 1.5%, y del 2024 con respecto al 2023, un 2.3%.
Siendo porcentajes muy bajos tomando en cuenta el aumento de los ingresos federales por concepto de programas sociales para el estado de Oaxaca, lo que ha permitido reducir los gastos operativos de la administración estatal, y la inflación que durante el 2022 fue de 7.82%, pero para el 2023 fue del 4.66% y para el 2024 del 4.21%.
En un antecedente reciente sobre el control de deuda municipal, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, uno de los más neoliberales según los gurús morenistas, en abril del 2016, y con el propósito de garantizar un manejo responsable, eficiente y prudente de las finanzas de los gobiernos estatales y municipales, así como potenciar la transparencia y rendición de cuentas de sus niveles de endeudamiento, fue aprobada la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. De acuerdo con diversos especialistas, esta ley fue elaborada ante la urgencia que existía ante los altos endeudamientos de municipios y entidades federativas que, ante el déficit de las finanzas públicas municipales, designaban, sin control alguno, a las trasferencias federales como garantía de pago.
En el caso del decreto de endeudamiento de Salomón, en su artículo quinto establece la autorización para que “[…] los municipios celebren de manera individual un contrato de mandato especial irrevocable para actos de dominio con objeto de formalizar el mecanismo de pago de los financiamientos que contraten. Que cumpla con las formalidades que la legislación aplicable establece, en cuyo objeto se faculte a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que con el carácter de mandatario, nombre y por cuenta del municipio de que se trate y con cargo a los recursos que procedan del FAIS municipal que afecta a cada municipios como fuente de pago, pague directamente a la institución acreditante las obligaciones a cargo del municipio que corresponda, que deriven del o los financiamientos que contrate […]”
En otras palabras, en dado caso los municipios endeudados no puedan pagar la deuda contratada, será la Secretaría de Finanzas la encargada de cubrir dicha deuda utilizando los recursos que procedan de las transferencias federales. Este pequeño detalle de comparación entre el pasado neoliberal y el enfoque de bienestar popular actual permite deducir que, además de los desequilibrios económicos locales que se vayan a generar, se otorgará un mecanismo de control político y social al gobierno del estado sobre los municipios. A sabiendas que el uso de la deuda, en teoría, será utilizada en proyectos de desarrollo social, e infraestructura pública, y este tipo de proyectos tienen generan beneficios públicos para una comunidad, pero no así ganancias monetarias.
El tema del endeudamiento, sobre todo, para países en desarrollo, ha sido una devastadora desviación de recursos en áreas críticas para el crecimiento y el desarrollo a largo plazo, como la salud y la educación. Es por ello por lo que los niveles de deuda, para que sean vitales para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, deben de ser sostenibles y contar con un respaldo financiero, y deben procurar un acceso de la población a las tecnologías de la información para el seguimiento al uso de la deuda.
En otras palabras, el panorama sobre el endeudamiento de los municipios de Oaxaca es poco alentador, sobre todo, considerando que la dinámica económica del estado se basa en el capital circulante de los programas sociales, las remesas, y ciertas actividades económicas, fundamentalmente, el turismo. De éstas últimas cuyos efectos económicos han sido poco significativos, principalmente, considerando que los altos índices de pobreza y marginación de la gran mayoría de las comunidades oaxaqueñas persisten a pesar de la derrama económica anual consecuencia del sector turístico y sus “inversiones públicas” en eventos como conciertos millonarios que no generan utilidades al largo plazo.
Sin dejar de mencionar que en la mayoría de los municipios oaxaqueños no se cuenta con acceso al internet para asegurar un seguimiento en tiempo real de la adecuada implementación de la deuda. Sumado a que, de acuerdo con la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, al cierre del 2024, suman 806 millones 110 mil 653 pesos en irregularidades u observaciones sin aclarar por parte de tan sólo 11 municipios de las regiones de Valles Centrales, Costa, Mixteca y Sierra Juárez.
Finalmente, es importante recordar que cualquier déficit del sector público genera inflación y baja de inversión, además de diversos desajustes en la economía local ya que estas deudas no tienen un respaldo de pago que sea independiente de otras fuentes de pago provenientes de recursos públicos. Desafortunadamente, en el estado de Oaxaca, antes que procurar un análisis confiable en la toma de decisiones en la gobernanza estatal y a nivel municipal, parece ser que el gobierno morenista de Salomón Jara prioriza el control político y social a costa del endeudamiento del pueblo oaxaqueño.
Y cuidado, porque se acerca la propuesta de la “Constitución del Bienestar Oaxaqueño” que, al igual que el decreto de endeudamiento, tendrá un profundo análisis que beneficie al pueblo y no a la casta política familiar. Porque en Oaxaca, por el bien de todos, primero el nepotismo.
