La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni) rechazó que haya sido recobrada la estabilidad social en los límites de los municipios de San Juan Mazatlán Mixe y Santo Domingo Petapa como, subrayó, lo han sostenido las autoridades.
A una semana y media de la emboscada ocurrida en la agencia San Isidro Platanillo, Petapa, con saldo de tres personas muertas, Ucizoni denunció que tres comunidades pertenecientes a San Juan Mazatlán, pero dentro de la zona en conflicto –Lomas Santa Cruz, Los Valles y Rancho Juárez– llevan más de 16 meses sin energía eléctrica, sin clases y sin servicios médicos.
San Isidro Platanillo es una comunidad perteneciente a Santo Domingo Petapa; no obstante, su población se identifica con San Juan Mazatlán Mixes, lo que ocasionó que habitantes de Santo Domingo arremetieran contra ella
Ante las condiciones que imperan en el área disputa, Ucizoni solicitó una mesa de trabajo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y con el gobernador de la entidad, Salomón Jara.
“La región, hasta esta fecha, no ha regresado a la normalidad como lo han declarado autoridades del gobierno del estado de Oaxaca, ya que las comunidades de Loma Santa Cruz, Los Valles y Rancho Juárez, del municipio de San Juan Mazatlán, ubicadas en la zona de conflicto, no cuentan desde hace 16 meses con energía eléctrica, misma que les fue cortada, ni con la realización de clases escolares. Tampoco cuentan con atención médica”, acusó la agrupación.
Sobre el tema específico del Platanillo, Ucizoni condenó que “la intimidación y amenazas persisten en la zona e incluso han alcanzado a los abogados de Ucizoni, por lo cual las oficinas de nuestra organización han sido cerradas de manera temporal”.
Ante ello, reiteró que es necesaria la instalación de una mesa con autoridades agrarias de la federación con el fin de buscar una solución al conflicto.
A pesar de que calificó como positivo el seguimiento hecho por autoridades de derechos humanos de Oaxaca, la Unión de Comunidades Indígenas denunció “la omisión manifiesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, misma que a 11 días de haberse agudizado el conflicto, aun no lo ha atendido”.
Acusó: “Expresamos nuestra preocupación por el trato brindado por funcionarios de la Secretaría de Gobierno del estado de Oaxaca, ya que al momento de denunciar la emboscada, negaron la existencia de la misma y que al día siguiente engañaron a los familiares de los tres compañeros asesinados en el sentido de que se acompañaría el traslado de los cadáveres hasta la comunidad de San Isidro Platanillo”.
También rechazó que la unión de Comunidades Indígenas haya solicitado la militarización del punto en conflicto, pues ‘al contrario, nuestra organización ha denunciado en diferentes momentos cómo la militarización ha sido impuesta porcel gobierno en la region del Istmo de Tehuantepec”.
Ante ello dijo que sus integrantes “esperamos que las declaraciones hechas por el Secretario de Gobierno y el Fiscal General del Estado de Oaxaca en el sentido de que serán castigados los responsables de los homicidios, no queden solo en declaraciones.
“Demandamos que no queden impunes los asesinatos de Porfirio Bautista Domínguez, Wilfrido Atanacio Cristóbal, y Victoriano y Abraham Quirino.
“Nos sumamos al reclamo para que se reestablezcan los servicios de energía eléctrica, educación y salud en las comunidades de San Juan Mazatlán ubicadas en la zona en conflicto”.
Además de lo anterior, recordó que ‘aun permanece impune el asesinato de Porfirio Bautista Domínguez, comunero ayuujk de San Juan Mazatlán, ocurrida al calor del conflicto en 2023”, por lo que también demandaron justicia.
Ucizoni también condenó que las autoridades hayan estigmatizado a sus integrantes tras denunciar la ocurrencia de la emboscada.
“Condenamos la estigmatización y descalificación hacia nuestra organización Ucizoni y a las organizaciones sociales y de derechos humanos que hacen de manera recurrente los funcionarios gubernamentales, ya que solo los casos de Irma Galindo, Claudia Uruchurtu y Sandra Domínguez nos demuestran que las victimas de las agresiones las ponemos la sociedad civil y no los funcionarios que atienden en palacio de gobierno”.
