Con una mayoría calificada de 477 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata y el nepotismo electoral. Sin embargo, aunque la iniciativa fue presentada por la presidenta de la República con la intención de aplicarla en 2027, los legisladores decidieron aplazarla hasta 2030, lo que deja abierta la puerta para que muchos políticos actuales aún puedan beneficiarse de la reelección en el corto plazo.
La reforma, que modifica los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución, establece que ningún cargo de elección popular podrá ser ocupado de manera consecutiva. También impide que familiares cercanos de funcionarios en funciones accedan a candidaturas, en un intento por frenar el control de grupos políticos sobre el poder.
El dictamen fue aprobado sin votos en contra ni abstenciones, un consenso inusual en el Congreso. No obstante, el retraso en su aplicación ha despertado críticas sobre si realmente hay voluntad política para acabar con el reciclaje de élites en el poder.
A pesar de que la presidenta planteó que las medidas entraran en vigor en el proceso electoral de 2027, los diputados optaron por fijar la fecha en 2030, permitiendo que las reglas actuales sigan vigentes en los próximos comicios. Con esta decisión, muchos legisladores, gobernadores y alcaldes podrán buscar la reelección antes de que las nuevas restricciones entren en vigor.
El argumento oficial es que se requiere tiempo para ajustar leyes y preparar la transición, pero la postergación alimenta sospechas de que los propios diputados quisieron darse un último periodo de oportunidad antes de cerrar la puerta a la reelección.