La diputada federal Mariana Benítez Tiburcio de la bancada de Morena en el Congreso federal presentó este día una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, cuyo fin es frenar la violencia obstétrica en todo el país a través de cinco acciones, entre las que se encuentra tipificarla como delito federal.
El planteamiento incluye diversas disposiciones para evitar que las mujeres mexicanas sufran de cualquier tipo de violencia antes, durante y después del parto, en un fenómeno que aqueja al 30 por ciento de las ciudadanas del país, precisó al respecto la legisladora oaxaqueña Benítez Tiburcio.
Su propuesta contempla cinco ejes con el objetivo de materializar el combate a aquellos agravios: primero, incorporar programas y campañas con perspectiva de género para la capacitación del personal médico y de salud.
En segundo término, reconocer los derechos que les asisten a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio y prohibir los tratos deshumanizados, la discriminación y los tratos humillantes contra las mujeres que reciben atención médica.
Como cuarto punto, establece tipificar el delito de violencia obstétrica a nivel federal y determinar desde la Ley General de Salud competencias para la investigación y sanción de este delito entre la Federación y los estados, “para que no haya excusa alguna y caminemos hacia la eliminación de la impunidad que ha prevalecido en todos los casos de violencia obstétrica”.
En la exposición de motivos de la iniciativa, Benítez Tiburcio subrayó que el término violencia obstétrica apareció apenas en el año 2000 en América Latina y que “surgió de una larga historia de activismo mundial para garantizar un parto respetuoso y de la lucha del movimiento por la salud de las mujeres y su reconocimiento antes instancias como la OMS, movimiento que inició una campaña para reducir las intervenciones médicas innecesarias durante el parto”.
Asimismo, establece que la violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres que constituye una violación a sus derechos humanos.
Explicó que este fenómeno tiene lugar en los hospitales, consultorios, clínicas de salud públicos y privados, durante la atención del embarazo, parto y posparto, y consiste en cualquier acción u omisión que les cause un daño físico o psicológico a las mujeres en estas etapas.
“Puede incluir la negación del acceso a servicios de salud reproductiva; un trato cruel, inhumano o degradante; el suministro excesivo de medicamentos; la práctica de cesáreas no justificadas, la imposición de métodos anticonceptivos sin el consentimiento de la mujer o persona gestante, así como cualquier acción que menoscabe su capacidad de decidir de manera libre e informada sobre sus procesos reproductivos. La manifestación más grave de violencia obstétrica es la muerte de la mujer o persona gestante”.
Otra forma de violencia documentada en México es que a las mujeres les aplican métodos anticonceptivos de forma permanente sin su consentimiento; las episiotomías injustificadas, la omisión de brindar atención médica de forma oportuna al momento del parto, lo cual causa dolor y en muchas ocasiones muerte del bebé o de la madre; tratos indignos e inhumanos contra las mujeres embarazadas, sobretodo contra las mujeres pobres e indígenas, las más vulnerables, entre muchos otros casos.
“Esta forma de violencia debe ponerse en un contexto más amplio de las desigualdades sociales que enfrentamos las mujeres por motivos de género, raza y clase”.
Asimismo, condenó que “no son casos aislados, sino síntomas de un sistema que ha normalizado la violencia contra los cuerpos y las decisiones de las mujeres. Esta iniciativa no es solo un marco jurídico, es un compromiso ético: reconocer que cada parto digno, cada trato respetuoso y cada vida preservada son pilares de una democracia que se construye desde la justicia reproductiva. Hoy tenemos la oportunidad de convertir el dolor en acción, la negligencia en prevención y la opacidad en transparencia”.
Además, argumentó que con esta iniciativa “no pretendemos ni hacer generalizaciones irresponsables contra todos y todas aquellas quienes ejercen la medicina y forman parte del cuerpo médico. Tampoco se trata de criminalizar de manera injustificada a doctores, doctoras, médicos, enfermeras. Se trata de reconocer que este problema existe, que afecta a millones de mujeres y que ha afectado desafortunadamente a millones de mujeres en México sin que hoy por hoy sea reconocida este tipo de violencia y peor aun, tenga una sanción.
“Con esta reforma se busca privilegiar la prevención de este delito, a través de como hemos dicho la formación y capacitación del personal médico, hacer prevalecer la perspectiva de género y el trato digno en la atención de la salud reproductiva de las mexicanas y por supuesto, que también queremos mandar un mensaje claro que en México, habrá sanción penal a quien ejerza violencia obstétrica”.
