Ex trabajadoras y ex trabajadores del gobierno del estado, despedidos a través del decreto 24 avalado por el Congreso de Oaxaca, afirmaron esta tarde que mantendrán su lucha a través de los tribunales para recuperar las plazas que les fueron suprimidas.
En entrevista, las inconformes sostuvieron que no aceptaron el llamado de las autoridades estatales para tramitar su liquidación, pues consideran que cuentan con todos los elementos para defender su plaza y la legalidad de ésta.
“Somos nosotras las que estamos saliendo a la calle porque fuimos violentadas, a lo mejor no tenemos una marca o una seña de algún golpe, pero nos dieron el golpe más bajo de nuestra vida, que fue quitarnos nuestro empleo”, dijo Seyda Morales, una de las ciudadanas afectadas.
“(Nos quitaron) la estabilidad de nuestras familias. No nada más de una o de dos. Realmente son muchísimas mujeres que estamos hoy desempleadas”, lamentó Morales, en el marco de las protestas alusivas al 8 de marzo.
Consultada sobre el número de mujeres afectadas directamente con la supresión de plazas sostuvo que “puedo decir alguna cifra, pero me puedo equivocar porque hoy no nada más somos las del decreto 24 sino que somos muchas mujeres las que hemos sido violentadas.
“Quizá hoy puedo decir que somos más de 300 mujeres que aún seguimos fuera, pero en realidad somos muchas mujeres” comentó.
A cuatro días de cumplir tres meses de movilizaciones, reiteró que el Gobernador de Oaxaca no ha accedido ha entablar un diálogo directo con ellas y ellos.
En este sentido, Morales resaltó que lo anterior evidencia el “mal” asesoramiento que recibe el titular del Poder Ejecutivo.
“Se deja visto que las personas que tiene a su cargo no tienen la capacidad suficiente para resolver estos problemas; entonces, imagínense qué tipo de personajes tenemos en la secretarías y en diferentes áreas donde la verdad se ve la incapacidad de cada uno de ellos”, reiteró.
Asimismo, dijo que se mantendrán en la ruta jurídica hasta tener respuestas favorables tras su despido, pues el discurso de las autoridades acerca de que su revocación se debió a cuestiones de austeridad, no coincide con las acciones de sus funcionarios, como es el caso de pagar 12 millones de pesos por un concierto de Julión Álvarez o pagar millones de pesos por adornos colocados en calles de Oaxaca, como fue señalada la secretaria de Turismo Saymi Pineda.
“El presupuesto al famoso POA ya está elaborado… desde el mes de noviembre se realiza el POA y nosotros como trabajadores ya veníamos presupuestados hasta el 2025.
“Nosotros no hemos participado (en el proceso de liquidación). Nosotros tenemos de hecho nuestras demandas laborales; nosotros de manera jurídica estamos siguiendo el proceso que se debería de seguir. Hoy no te puede decir el gobierno o no te puede señalar que por una cara bonita te voy a liquidar con 100 mil o 200 mil pesos…
“Realmente lleva un proceso legal en el cual nos pueden decir y nosotros ya veremos si aceptamos o no, pero realmente no podríamos aceptar porque nuestras bases, incluso, dieron una entrevista donde (se indica que) nuestras bases realmente son legales, no podemos decir que son irregulares”.
