La activista mixe Silvia Pérez Yescas denunció estar siendo víctima de una campaña de hostigamiento, amenazas, abuso de poder y persecución por parte de grupos armados de María Lombardo, encabezados por César Pulido Herrera, funcionario del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), lo que incluso la ha llevado a ser víctima de desplazamiento forzado.
Los hechos ocurren en María Lombardo, en el municipio de San Juan Cotzocón, el último lugar donde, también, precisamente, fue vista con vida la activista Sandra Domínguez, abogada y activista mixe desaparecida desde hace cinco meses.
El acoso y la persecución son tales, acusó, que el martes 27 de febrero, sujetos desconocidos ingresaron a su domicilio, de donde sustrajeron equipo de cómputo, lo que la llevó a huir de la zona y cerrar provisionalmente la casa de la mujer que su agrupación, CIARENA, coordina.
“María Lombardo es un pueblo sin ley, en donde la violación a los derechos humanos son una constante; María Lombardo es donde desaparecieron a la hermana indígena Sandra Domínguez: yo no quiero ser otra desaparecida o asesinada por el solo hecho de ser mujer y defender nuestros derechos humanos…solo quiero justicia, sólo quiero que detengan a los agresores”, dijo la defensor este día en conferencia de prensa.
Silvia Pérez Yescas sostuvo que el trabajo que realiza la organización que coordina se centran en la defensa de la mujer, niñas y niños lo que las ha llevado a descubrir casos de violaciones sexuales en contra de esos sectores poblacionales en diversos puntos, principalmente del bajo mixe.
Lo anterior, ha causado la inconformidad de grupos delictivos quienes han emprendido una persecución en su contra.
“Hemos fundado desde hace varios años la casa de la mujer indígena CIARENA; está establecida en la comunidad de María Lombardo, la cual se encuentra cerrada en estos momentos por múltiples agresiones y amenazas que hemos recibido, situación que prevalece por la presencia de grupos locales armados que cometen todo tipo de atropellos comandados por César Pulido Herrera, funcionario federal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)”, sostuvo la activista en conferencia de prensa.
“Razón por la cual estoy viviendo desplazamiento forzado, no puedo volver a María Lombardo por temor a ser agredida físicamente”, agregó.
La mujer narró que el martes 27 de febrero por la noche cuando regresaba del taller comunitario intergeneracional Diálogo de Saberes para la Prevención de Violencia contra las Mujeres, Juventudes y Niñas Indígenas, se percató de que su domicilio fue allanado y de que le robaron su equipo de cómputo.
“Los agentes agresores violaron las chapas para ingresar a mi domicilio; cabe destacar que he puesto una denuncia.
“Es lamentable la falta de garantías para poder llevar a cabo la defensa de los derechos humanos en Oaxaca, ser mujer ser defensora en Oaxaca es sinónimo de violencia. Exigimos el cese de las agresiones a la casa de la mujer CIARANA; no más mensajes de muerte; no más allanamientos; no más descalificación de nuestra labor”.
La defensora acusó que a pesar de tales condiciones la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha sostenido que no encuentra los fundamentos necesarios para comenzar una queja por los actos intimidatorios sufridos, al tiempo que a la Fiscalía de Oaxaca exigió actuar con forma derecho y aplicar la ley, pues seguro que su titular, Bernardo Rodríguez, sabe quienes son los autores de la violencia en la zona.
“Hago un llamado al Fiscal General, que cumpla su mandato, que detenga a los verdaderos agresores. El fiscal general sabe cuál es el hilo de la madeja que debe de jalar para desenredarla y sabe en dónde están los agresores, sólo falta que cumpla su mandato.
“Hago un llamado al gobernador Salomón Jara para que intervenga y María Lombardo deje de ser un pueblo sin ley… hago responsable a César Pulido Herrera de lo que le pueda pasar a las integrantes de la organización, lo que le pueda pasar a alguien de mi familia o a mi persona.
“Exigimos a la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca iniciar una queja por la violación al derecho a defender los derechos… que no digan que no hay respuesta, que no digan que no han encontrado ninguna evidencia como me lo han venido estado diciendo… demandamos al Mecanismo Nacional de Defensores para que las medidas de protección sean reforzadas y se garantice mi seguridad y la de todas y cada una de las personas integrantes de la organización”.
Reiteró que “en diversas comunidades hemos identificado casos sobre agresiones sexuales, violencia física, feminicidios e intentos de feminicidio a mujeres de las comunidades donde laboramos sobre todo en la zona de mixe cercana a María Lombardo, en donde se han sumado casos de agresiones sexuales a niñas y niños.
“Nos ha llevado a nosotras a asumir altos riesgos en el trabajo… Mi historia marcada por la violencia se convierte en un llamado urgente a la empatía y a la solidaridad en un camino hacia un futuro en el que la paz y la equidad sean derechos universales”.