Entre 30 o 40 ocasiones, el Juez Primero de Distrito con sede en Oaxaca se ha negado a comenzar el proceso de sanción por desacato de una sentencia judicial en contra de las autoridades municipales, estatales y federales que a seis años de que les fue ordenado sanear los ríos Atoyac y Salado, ubicados en los Valles Centrales de Oaxaca, han incumplido las labores de rescate y preservación de ambos afluentes.
Ante ello, la asociación civil Litigio Estratégico Indígena, que promovió y ganó el juicio de amparo hasta hoy incumplido, prevé promover una queja contra el titular de ese juzgado ante el Consejo de la Judicatura Federal, con el objetivo de que el funcionario sea sancionado de manera administrativa y de que se cumpla la resolución emitida en 2019.
Uno de los representantes de la agrupación, Edgar Aldair Pérez Ortiz, sostuvo que el juzgador se ha negado a dar trámite a las peticiones de la parte quejosa con el argumento de que las diversas autoridades están en vías de cumplir y porque no han entregado su informe sobre las acciones que han realizado, a pesar de que ya ha pasado más de un lustro desde la resolución.
“Desde el 2019 hasta el 2025, prácticamente llevamos 6 años en los que desafortunadamente solamente vemos acciones que se quedan en papel, no trascienden fuera de eso”, denunció Pérez Ortiz.
El gobierno estatal, subrayó, durante la actual administración y durante el sexenio pasado únicamente ha realizado dos acciones que medianamente se sujetan a la resolución.
“En el 2019 (cuando gobernaba Alejandro Murat), la Secretaría del Medio Ambiente creó un Plan Integral para el Saneamiento de los ríos Atoyac y Salado, pero, sin embargo, solamente se quedó en eso, un plan que se quedó en el papel… no han realizado ninguna gestión.
“En abril de 2024, la acción más reciente del gobierno del estado fue la instalación de la Comisión de los Ríos Atoyac y Salado. Fue una sesión en la que se reunieron el Gobernador, varios presidentes municipales y diferentes instituciones del nivel municipal, estatal y federal, pero hasta este momento ha sido prácticamente lo único que han hecho”.
El representante y también abogado indicó que “el gobierno pretende o trata de hacer con tequios, caminatas, visitas o “alguna que otra remodelación*, justificar un supuesto saneamiento de los ríos, pero “nosotros sabemos que, si bien los tequios van encaminados a un saneamiento, no es una medida eficaz para combatir esa grave contaminación qué tienen los ríos”.
La resolución judicial ordena de manera clara, resaltó, que los municipios situados en los márgenes de los ríos deben coordinar acciones con los gobiernos estatal y federal para detener la contaminación que prevalece en aquellos afluentes, principalmente por la desembocadura de drenajes de centenas de asentamientos y por la acumulación de residuos sólidos que son abandonados en esos puntos.
Ante ello, reiteró que la recopilación de basura y quitar hierba son elementos insuficientes para justificar el rescate.
“Le hemos solicitado al juez en diversas ocasiones que inicie los procedimientos de inejecución de sentencia, fincar responsabilidades a las autoridades municipales que han incumplido durante todo ese tiempo el cumplimiento de la sentencia de amparo, que no han realizado gestiones necesarias pertinentes para un verdadero cumplimiento.
“¿Qué es lo que nos dice el juez o qué es lo que trata de justificarse? porque no nos da la razón: Dice que las autoridades responsables se encuentran en vías de cumplimiento y hasta que todas las autoridades responsables informen respecto al cumplimiento hasta entonces se podrá pronunciar respecto a nuestra petición; sin embargo, con esas solicitudes llevamos prácticamente más de dos años o tres años realizándolas y el juez de distrito nos sigue diciendo lo mismo y las autoridades hacen lo que quieren”, dijo.
El especialista de Litigio Estratégico Indígena señaló que la agrupación le quedan dos vías seguir insistiendo en que se comience el proceso de inejecución y pedir que se sancione al juez.
“Dentro de los 5 años que ya son de la ejecución de la sentencia, hemos realizado más de 30 o 40 solicitudes al juez de distrito para que inicie el procedimiento de inejecución, que si bien entendemos en los primeros años a lo mejor sí no había ningún inconveniente por (la integración de) informes y por el cambio de autoridades, pero ya recientemente en las últimas tres-cuatro solicitudes que les hemos hecho, ya como tal ya no es, ya no vemos tan factible que el juez siga tomando el argumento.
*¿Cuáles son las actividades, son acciones que podemos tomar nosotros en cuenta? Seguir realizando la solicitud solicitudes al juez y otra presentar quejas administrativas contra el juez de distrito porque ya es un acto consecuente del juez, de que independientemente de que él refiere que las autoridades están en vías de cumplimiento, la ciudadanía y nosotros sabemos que no están haciendo nada”.
En todo caso de que se materialice el recurso para solicitar una sanción administrativa, sería el Consejo de la Judicatura el responsable de emitir el veredicto correspondiente.
En caso de que el trámite quede en medio del cambio en el Poder Judicial ante las elecciones estipuladas el primero de junio, la petición se canalizaría a la instancia equivalente.
