La aprobación de la reforma judicial el año pasado representó, a mi juicio, uno de los retrocesos más significativos en materia de división de poderes e institucionalidad democrática en la historia reciente de México. La esencia misma del equilibrio entre poderes quedó comprometida al someter al Poder Judicial a una lógica de control político, eliminando garantías que hasta hace poco aseguraban su independencia.
Desde entonces, diversos sectores –académicos, profesionales del derecho, organizaciones de la sociedad civil e incluso voces políticas opositoras– manifestaron su preocupación sobre los efectos nocivos de esta reforma. Se advirtió sobre el riesgo de un Poder Judicial supeditado al Ejecutivo, de jueces electos más por su afinidad que por su capacidad, y de un sistema que debilita los contrapesos constitucionales en lugar de reforzarlos.
Sin embargo, hoy vemos cómo muchas de esas mismas voces que se opusieron con razón a la reforma han comenzado a participar en el juego planteado por el propio gobierno. ¿Cómo? A través de la promoción y difusión de perfiles “idóneos” para ocupar cargos en el nuevo modelo de elección de jueces, magistrados y ministros. Bajo el argumento de que “la reforma ya es una realidad” y que “lo responsable es incidir para que lleguen los mejores perfiles”, se ha normalizado la idea de que debemos jugar con las reglas del régimen actual.
Desde mi perspectiva, esa narrativa es peligrosa. Contribuye, aunque sea de forma involuntaria, a legitimar un proceso que no es democrático ni imparcial. Hacer sugerencias, promover nombres y participar en la dinámica que Morena ha impulsado con esta reforma es, en los hechos, validar su contenido y reforzar su implementación. Es aceptar que ya no hay nada por hacer, más que adaptarse. Pero adaptarse, en este contexto, es claudicar.
Peor aún: conocemos el modus operandi del partido en el poder. Muchos de los perfiles “idóneos” ya han sido palomeados desde las estructuras partidistas, y es ingenuo pensar que los mecanismos de elección serán transparentes o meritocráticos. La maquinaria electoral de Morena se activará para asegurar que quienes lleguen al Poder Judicial respondan a una lógica de lealtad política y no a criterios de trayectoria, conocimiento o compromiso con el Estado de Derecho.
Por eso, lejos de participar en ese proceso, creo que el camino está en otra parte. Nuestro esfuerzo debe concentrarse en fortalecer opciones ciudadanas, construir estructuras independientes, formar liderazgos nuevos y preparar estrategias de mediano y largo plazo que nos permitan conquistar espacios de poder desde una lógica distinta: la de la autonomía, la representatividad real y el compromiso con el interés público.
La ciudadanía no puede seguir siendo solamente espectadora ni adaptarse dócilmente a las decisiones del régimen. Es momento de ser protagonistas de un nuevo proyecto democrático que devuelva equilibrio, profesionalismo y legitimidad a las instituciones.
Caer en el juego del gobierno es, en el fondo, asumir que no tenemos otra opción. Y creo firmemente que sí la tenemos. Pero hay que construirla.
