El Poder Judicial de Oaxaca programó para el próximo 12 de mayo la reposición del juicio oral de 21 personas de la comunidad El Coyul, en San Pedro Huemelula y que en mayo de 2024 fueron sentenciadas a 15 años de prisión por el presunto delito de despojo agravado a pesar de tratarse de habitantes de la zona.
La Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT) acusó que el juicio en contra de los 21 ciudadanos y ciudadanas se desprende de la lucha que han emprendiendo en contra del despojo de sus tierras, una superficie de mil 452 hectáreas en las que pretender ser desarrollados complejos turísticos.
Los ciudadanos son acusados de despojo agravado, a pesar de que en dos ocasiones anteriores jueces locales y federales los exoneraron de acusaciones similares.
“Estas personas están siendo acusadas sin fundamento, bajo mentiras y delitos fabricados, como despojo agravado”, resaltó la Asamblea de Pueblos , al precisar que el proceso se llevará a cabo en el Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral de Tehuantepec, bajo la causa penal 472/2022, después de que un tribunal ordenó la reposición del proceso.
Ante ello, la APIDTT comenzó una campaña que ha denominado “por la libertad y justicia de las familias criminalizadas de El Coyul”.
La Asamblea, a través de una denuncia pública, demandó detener el despojo de tierras y exigió la no criminalización de la defensa de la vida.
Los activistas reiteraron que tres personas a las que identificaron como Joel Ricardo López, Rigoberto Cruz Cartas y Alfredo Manuel Mena Alonso son los “verdaderos responsables” de haber cometido “el despojo, las amenazas y las agresiones contra las familias de El Coyul”.
Antecedentes
Hace cuatro días, la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT) reiteró su denuncia sobre que la comunidad indígena chontal del Coyul está enfrentando “una grave amenaza” por la destrucción de uno de los ecosistemas “más valiosos de México y el planeta, los sistemas lagunares costeros de manglar”.
La agrupación sostuvo que empresas inmobiliarias, como Puerto Escondido Inversiones – Real Estate: Emmanuel Flores, SilMéxico Oaxaca y Piso59, en contubernio con López, Cruz y Mena, están llevando a cabo “actividades ilegales” como tala masiva de árboles nativos, relleno con material pétreo de la playa y el desarrollo del proyecto residencial Punta Faro sin los permisos correspondientes”.
“Detrás de este ecocidio están Joel Ricárdez López, Alfredo Manuel Mena Alonso y Rigoberto Cruz Cartas, quienes en complicidad con autoridades corruptas, buscan despojar a la comunidad de 1452 hectáreas de tierras defendidas por generaciones. La Sociedad Agricola Ganadera El Coyul, fundada en 1972, ha protegido este territorio desde 1850”.
Agregó que la comunidad del Coyul está luchando contra un sistema de despojo respaldado por un cártel inmobiliario que ha causado destrucción ambiental, violencia y criminalización.
Los acusados por la agrupación de ser los promotores del despojo crearon una agrupación denominada Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul Oax. S.C.
“21 personas del Coyul, incluyendo mujeres, adultos mayores y voceros, han sido acusadas injustamente de delitos graves como despojo y secuestro por defender su territorio. Esta sentencia busca infundir miedo y frenar su lucha por la justicia ambiental y social”.
Sentencias y persecución
En mayo de 2024, el Tribunal de Enjuiciamiento Unitario Dos, del Circuito Judicial del Istmo de Tehuantepec con sede en Espinal, dictó sentencia en contra de 21 personas del Coyul, contra las que dictó una sentenciada a 15 años de prisión, a pagar una reparación del daño de 55 millones de pesos y una multa de 90 mil pesos por los delitos de despojo y secuestro.
Lo anterior ocurrió, explicó la asamblea, a pesar de que jueces y magistrados estatales y federales habían desechado anteriormente dos denuncias en contra de los sentenciados.
Además, subrayó la organización, durante el último proceso, la autoridad judicial decidió ignorar al menos cinco pruebas a favor de los habitantes y donde además se demostraba la legítima propiedad de la tierra.
