Una proposición con punto de acuerdo enviada a la Mesa Directiva del Senado de la República solicita al Pleno de la Cámara Alta llamar a los congresos de Oaxaca y 11 entidades más a cumplir con la expedición de leyes o en su caso homologar sus leyes en materia de movilidad y seguridad vial de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Promovido por Mariela Gutiérrez Escalante, legisladora de Morena, la iniciativa subraya que los poderes legislativos de todo el país tuvieron hasta el 14 de noviembre de 2022 para llevar a cabo las adecuaciones respectivas en sus marcos normativos tras una serie de reformas avaladas por el Congreso de la Unión, una condición que, según el documento, fue incumplida tanto por Oaxaca como por Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas.
Publicado este 10 de abril en la Gaceta Parlamentaria, el oficio refirió que con el objetivo de generar un marco jurídico que permitiera garantizar el derecho a la movilidad, el 18 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Movilidad y Seguridad Vial, estableciéndose en el párrafo decimoséptimo del artículo Cuarto, que Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
En el mismo Decreto se estableció en la fracción XXIX-C del artículo 73 Constitucional, la facultad del Congreso de la Unión para expedir la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial el 18 de mayo de 2022 entró en vigor la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
En la nueva normativa, se establecieron bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad, establecer la política de movilidad y seguridad vial, bajo un enfoque sistémico y de sistemas seguros y definir mecanismos de coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en materia de movilidad y seguridad vial.
También se solicitó vincular la política de movilidad y seguridad vial, “con un enfoque integral de la política de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y de manera transversal con las políticas sectoriales”, así como definir la jerarquía de la movilidad y los principios rectores a que deben sujetarse las autoridades competentes, establecer las bases para priorizar los modos de transporte de personas, bienes y mercancías, con menor costo ambiental y social, la movilidad no motorizada, vehículos no contaminantes y la intermodalidad y, finalmente, promover la toma de decisiones con base en evidencia científica y territorial en materia de movilidad y seguridad vial, entre otros objetivos.
Pese a ello, los 12 congresos mencionados no han emitido las normativas respectivas tal y como lo solicitó la reforma constitucional, por lo que se pidió hacer un exhorto para que aquellos organismos cumplan con las disposiciones constitucionales.
Entre otras cosas, la propuesta resalta problemáticas que deben ser resueltas a la brevedad, como es el caso de que las principales víctimas mortales de percances viales son peatones y motociclistas.
Así, la propuesta hace el siguiente planteamiento: “El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Congresos de los estados de Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas a expedir leyes de movilidad o, en su caso, homologar sus leyes en materia de movilidad y seguridad vial, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial”.
