Un grupo de abogados oaxaqueños anunció la promoción de una serie de juicios de amparo para obligar al gobierno federal a cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para eliminar el catálogo de delitos que según la Constitución Política de México ameritan prisión preventiva automática (oficiosa).
La asociación Litigio Estratégico Indígena explicó que el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática y cuyo contenido es imposible de impugnar de manera directa; sin embargo, al tratarse de una sentencia internacional de la CIDH la que ordena la eliminación de esa lista, el Estado Mexicano está obligado a cumplir el ordenamiento.
“Hemos decidido abrir una vía de litigio indirecta pero legítima y urgente: combatir el incumplimiento del Estado mexicano respecto a una sentencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señalaron los especialistas.
“En el caso García Rodríguez y otro vs. México, la Corte Interamericana ordenó al Estado eliminar el catálogo de delitos del artículo 19 constitucional, por considerar que vulnera estándares internacionales en materia de derechos humanos”, agregó.
A pesar de aquella resolución, abundó, México ha incumplido la sentencia, manteniendo vigente una norma que permite detenciones automáticas, arbitrarias y discriminatorias.
“En este contexto, Litigio Estratégico Indígena promueve juicios de amparo contra la omisión de cumplimiento de la sentencia interamericana, con el fin de que el Poder Judicial de la Federación ordene al Estado mexicano cumplir con su obligación internacional. Esta estrategia busca abrir la posibilidad de una reforma constitucional que elimine de raíz la prisión preventiva oficiosa”, subrayó.
Reiteró que a pesar de esta sentencia clara y vinculante, México ha incumplido: “La prisión preventiva oficiosa sigue afectando a miles, especialmente a personas en situación de vulnerabilidad”.
En más al respecto, refirió que Litigio Estratégico Indígena ha impulsado una serie de talleres formativos dirigidos a personas, colectivos y comunidades interesadas en promover juicios de amparo contra la prisión preventiva oficiosa, “una figura jurídica que consideramos contraria a los derechos fundamentales, en particular al principio de presunción de inocencia”.
