México se ubica en el segundo lugar de trabajo infantil de América Latina y el Caribe, pues tiene un total de 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años laborando, es decir el 7.5 por ciento de la población infantil del país.
De acuerdo a un estudio, la fuerza laboral infantil se concentra en los poblados menos urbanizadas del país y su porcentaje en estas zonas es más elevado.
Siete de cada 10 menores, viven en las zonas rurales. En tanto que tres de cada 10, el equivalente a un millón 114 mil 991 niñas y niños, laboran en ciudades. Mientras que 2 millones 532 mil 76 trabajadores infantiles, se ocupan en las áreas de menor tamaño poblacional.
El trabajo infantil en comunidades rurales es más elevado que en las zonas urbanas. Aproximadamente el 24 por ciento de los trabajadores de entre 5 y 17 años se concentra en tres entidades: Estado de México, Jalisco y Puebla. El por ciento se distribuye en otros estados como Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Chiapas y Guanajuato.
La principal causa de deserciones escolares en primaria y secundaria es la falta de recursos. En diversos casos son los padres los que obligan a los niños a trabajar. La pobreza empuja a utilizar como mano de obra a todos sus miembros disponibles para intentar sobrevivir.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece “el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpezca su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que proteger a las infancias se requiere de respuestas integradas que incluyen empleos y trabajo dignos para sus padres y medidas de protección social que les ayuden a mantenerles en la escuela.
Los tres órdenes de gobierno deben promover políticas públicas que vuelquen su atención hacia esos menores a los que se les está impidiendo la posibilidad de un desarrollo pleno e integral.
Asimismo se deben incluir mecanismos de vigilancia y coordinación para la detección y actuación en casos de abandono escolar, con el fin de identificar niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan dejado la educación para incorporarse al trabajo y establecer los medios para la restitución de sus derechos.
Fuente: El Heraldo de México
