No solo las medidas y protocolos sanitarios ante la pandemia de covid-19 deben atenderse de cara a la próxima elección del 6 de junio, la cual es la más grande en la historia del país al renovar 21 mil 368 cargos de elección popular en toda la República Mexicana; sino que también se debe garantizar la participación de mujeres y personas de grupos vulnerados mediante las diversas acciones afirmativas, aseveró la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Paola Ravel Cuevas.
Destacó que los dos retos principales que se tienen en este proceso electoral son: cumplir cabalmente con la paridad de género, la cual ha avanzado y se pretende que las 15 gubernaturas que se disputan el próximo 6 de junio sean equitativas entre candidatas y candidatos; además de que se implementará la reforma en materia de violencia política en razón de género que se publicó en el 2020, lo cual garantiza acciones más firmes contra aquellos que incurran en una violación de esta índole.
Ravel Cuevas reconoció que pese al avance que se ha tenido en garantizar el acceso a las mujeres a candidaturas para buscar un cargo en cualquier nivel o esfera de gobierno, no así en el acceso a los mismos, pues existe la desigualdad en la presencia que tienen y el apoyo para impulsar su imagen y propuestas, lo que las limita a llegar a puestos de toma de decisión, “el principio de paridad de género es una realidad que ha permeado, sin embargo, la sola implementación no asegura que compitan en factores de igualdad, pues no se les da una cobertura igualitaria, en el reporte de medios durante las precampañas se le otorgó a las mujeres un total de tiempo de 6 horas 25 minutos y 4 segundos; mientras que los precandidatos sumaron 20 horas 58 minutos 1 segundo; esto es tres veces más para los hombres que para las mujeres, y ese escenario no se debe repetir en las campañas”.
De igual forma la consejera electoral del INE añadió que también se ha fortalecido una campaña a favor de la representación de las personas indígenas, afromexicanas, migrantes, diversidad sexual y personas con discapacidad; por lo que al menos cada partido político está obligado a postular 50 perfiles de cada uno de estos grupos históricamente vulnerados, lo que incrementa la posibilidad de que tengan representación en los espacios de toma de decisiones.
A pesar de esto se debe trabajar fuerte, afirmó Dania Ravel, ya que deben vigilar todos estos registros para evitar que existan simulaciones de parte de las fuerzas políticas y se hagan un mal uso de estas acciones afirmativas, para que otras personas que no pertenecen a ellos, accedan al cargo de elección popular bajo esta bandera.
“Debemos evitar que se simule el cumplimiento de las acciones afirmativas y que se haga con plena efectividad en favor de las poblaciones a las que están destinadas, esto debido a que en pasados procesos electorales, las fuerzas políticas y aspirantes han intentado simular estas acciones afirmativas, y debemos garantizar que estos espacios sean ocupados por integrantes de estos grupos históricamente vulnerados y en el caso de que se denuncie que no es el caso actuar para garantizar que las acciones afirmativas beneficien a quien debe”, sentenció.
Fuente: Milenio
