San Raymundo Jalpan, Oax; 17 de marzo de 2021.- En sesión ordinaria del Pleno Legislativo celebrada este miércoles, a solicitud de las Diputadas Hilda Luis y Aleida Serrano integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a la atención de víctimas de los casos de violencia por razón de género y feminicidios en el Estado la LXIV Legislatura aprobó exhortar al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, al Titular de la Delegación Oaxaca de la Fiscalía General de la República y al Fiscal General del Estado de Oaxaca, para que sus actuaciones sean con completa imparcialidad, prevaleciendo en todo momento el interés superior de la niñez y transversalizando la perspectiva de género.
La Diputada del Distrito 13 Oaxaca Sur, Hilda Graciela Pérez Luis reiteró que: “el acceso a la justicia es un principio básico del estado de Derecho, por lo tanto la administración de justicia debe ser imparcial y no discriminatoria”.
Durante su intervención en Tribuna indicó que las autoridades deben garantizar el acceso a la justicia como una prioridad, generando además acciones necesarias para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia ejercida hacia las mujeres, evitando la revictimización y la violencia institucional en todos los casos que se investiguen y en aquellos casos en que se vean involucrados menores se debe garantizar el principio del interés superior de la niñez.
La Legisladora expuso ante el pleno el caso de la Ciudadana Luvia Jeanett Altamirano Castro, quien ha hecho de su conocimiento una serie de hechos registrados tras las acciones en materia familiar y penal que ha iniciado en la vía jurisdiccional en contra de su esposo y en el que además se ve involucrado su menor hijo.
Pérez Luis, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido reiteradamente que el deber de investigar es una obligación de medios no de resultados, ésta tiene que ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares.
En el proceso que enfrenta la ciudadana, mencionó, se han registrado irregularidades derivadas de la posición laboral en la que se encuentra su esposo y que no ha permitido avanzar y garantizar el acceso a la justicia de ella y su menor hijo.
No obstante recordó que “todos los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de tomar en cuenta el interés superior como una consideración primordial y promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas menores de edad de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
En el caso particular de Luvia, dijo, es necesario hacer un exhorto a las autoridades involucradas a fin de que su actuar sea conforme a derecho y con completa imparcialidad prevaleciendo en todo momento el interés superior del menor.
En tanto, conminó a las y los diputados a tener en cuenta que “el derecho humano de acceso a la justicia se estructura a partir de dimensiones que abarcan la independencia, imparcialidad, expeditez así como la garantía del derecho a la igualdad y no discriminación”.
