* Es de resaltar algunos de los cuestionamientos de quienes rechazan públicamente su imposición como el hecho que su designación por el Congreso “fue una elección a modo, de evidente simulación y sin los filtros necesarios”.
* Asimismo, reiteran la presunción fundada que a diferencia de otros distinguidos juristas con impresionante currículum “no cumplió con los requisitos constitucionales y tiene antecedentes de violencia de género”.
Con una historia de vida personal, profesional y en la función pública sumamente controvertida, Arturo de Jesús Peimbert Calvo inicia su labor como Fiscal General del Estado severamente cuestionado por amplios sectores.
Activistas, feministas, periodistas y defensores de derechos humanos se le van a la yugular en un Comunicado intitulado EXIGIMOS UNA FISCALÍA QUE SIRVA en el que afirman que Peimbert no es el fiscal que Oaxaca necesita.
En otro subtítulo, personas físicas y organizaciones sociales y políticas acusan al Congreso de Oaxaca “de traicionar al pueblo oaxaqueño” con la designación del ex primer responsable de la Defensoría de Derechos Humanos.
Es de resaltar algunos de los cuestionamientos de quienes rechazan públicamente su imposición como el hecho que su designación por el Congreso “fue una elección a modo, de evidente simulación y sin los filtros necesarios”.
Asimismo, reiteran la presunción fundada que a diferencia de otros distinguidos juristas con impresionante currículum “no cumplió con los requisitos constitucionales y tiene antecedentes de violencia de género”.
Ambos señalamientos ponen de manifiesto el evidente, público y notorio desaseo con el que la mayoría de diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) condujeron el proceso de selección y elección.
Siempre será un pesado lastre para Peimbert Calvo como Fiscal General del Estado la fundada sospecha de ilegitimidad aun cuando formal y materialmente se haya pretendido cubrir la legalidad en su imposición.
Respecto al poder político y al ejercicio de las potestades, facultades, funciones y atribuciones que de él se derivan, es necesario distinguir entre el concepto de legalidad y el de legitimidad. Una norma, un mandato o una decisión, puede ser legal, pero ilegítima.
La legalidad guarda relación con la observancia y respeto por las normas vigentes; se refiere a la aplicación de las reglas consignadas en el Derecho positivo tanto para el acceso al poder como para el uso y ejercicio del mismo, y para la toma de decisiones y la expedición y puesta en vigor de los actos correspondientes.
La legitimidad, en cambio, alude a la conformidad entre esos mismos conceptos, más allá de su legalidad, y el sentimiento colectivo, la convicción generalizada en la sociedad acerca de cómo y dentro de cuáles valores quiere ser gobernada, lo que conduce a la aceptación por la comunidad, de actos y decisiones, en el entendido de su ajuste al conjunto axiológico y de principios imperantes en ella.
Por la trascendencia del documento en cuestión reproducimos íntegro el texto del mismo, sobre todo, porque varios de los firmantes coincidieron con Arturo Peimbert Calvo en diversos momentos y conflictos políticos.
“El Congreso del Estado de Oaxaca designó como titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a Arturo Peimbert, este jueves 18 de marzo, en comparecencia fast track que sin duda alguna fue una elección a modo, de evidente simulación y sin los filtros necesarios”.
“Quienes suscribimos, condenamos la decisión de la 64 legislatura local al elegir como fiscal al ex titular de la Defensoría de los Derechos Humanos, quien, durante su administración dejó muchas deudas con el pueblo oaxaqueño, fue denunciado públicamente como agresor sexual y estuvo ausente de manera permanente durante los siete años en el cargo”.
“Exigimos una Fiscalía que funcione, que investigue, que se comprometa con las víctimas, que actúe independientemente del Poder Ejecutivo por lo que Arturo Peimbert no es el fiscal que Oaxaca necesita para procurar la justicia. No cumplió con los requisitos constitucionales y tiene antecedentes de violencia de género”.
“Las diputadas y diputados traicionaron al pueblo oaxaqueño, su equivocación en la decisión de Rubén Vasconcelos nos ha costado la vida de 509 mujeres en Oaxaca. Les hacemos responsables del fracaso de Arturo Peimbert que se vislumbra como nuevo fiscal, una persona cómplice del poder, violenta y corrupta”.
“Asuman el costo político de esta equivocación que pone en entredicho sus promesas de campaña cuando buscaron el voto de las mujeres”.
“Rechazamos a Arturo Peimbert como fiscal y seguiremos exigiendo una Fiscalía que sirva”.
Entre los firmantes figuran, Angélica Ayala Ortiz, Yésica Sanchez Maya, Soledad Jarquín Edgar, Norma Cleyver Cruz González, Lorena Harp Iturribarría, Bárbara García Chávez, Josefina Aranda y Juan Sosa Maldonado.
Y las organizaciones firmantes, son Asamblea Permanente de Víctimas, Sobrevivientes y Expresos Políticos de Oaxaca 2006-2007, Centro Calpulli A.C., Colectivo Unión de Mujeres por la Equidad,
Otras más, son Comité Damián Gallardo Martínez, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C., Corriente del Pueblo Sol Rojo (CP-Sol Rojo), Espiral por la Vida, A.C, Frente de Egresadas ENRUVA, Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos A.C. e Hitandekas A.C.
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