La Cámara de Diputados aprobó este jueves la minuta del Senado que expide la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, la cual es rechazada por organizaciones civiles y colectivos de familiares de personas desaparecidas.
En sesión del Pleno, el dictamen que expide la nueva ley y abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, y reforma disposiciones de 65 ordenamientos legales, fue avalada con 302 votos a favor, 135 en contra y 10 abstenciones; en estos momentos se lleva a cabo la votación de 144 reservas que proponen cambios al dictamen.
“Su objeto es expedir una nueva ley reglamentaria de la Fiscalía General de la República, para garantizar que este sea un verdadero órgano público autónomo. Reestructurar a la Fiscalía General de la República para asegurar un mejor desempeño dentro de los procedimientos judiciales y fortalecer los sistemas de procuración e impartición de justicia penal”, aseguró diputado Marco Antonio Andrade al fundamentar el dictamen en tribuna.
También justificó que el Congreso se encuentra en la necesidad de derogar la actual Ley Orgánica de la FGR, propuesta y aprobada en 2018 por los mismos diputados de esta Legislatura, porque se necesita fortalecer todos los procesos que realiza la Fiscalía, en virtud de garantizar su funcionamiento.
Opiniones
Antes de la discusión en lo general, la diputada del PRD, Mónica Bautista, presentó una moción suspensiva, la cual pide frenar la discusión del dictamen, pues acusó que hubo violaciones en el proceso legislativo de la minuta al recibir dispensa de trámites.
“Debemos señalar que ni la Junta de Coordinación Política ni la Mesa Directiva fundamentaron ni motivaron la urgencia para la discusión del dictamen, lo que violenta lo estipulado en el Reglamento que nos rige, dado que no hay razón válida para que haya sido conocida por todas y todos para atropellar los derechos de quienes integramos esta Cámara”.
Las bancadas de PAN, PRI, PRD y parte de MC rechazaron el dictamen, acusando que es a modo del fiscal general de la República y violenta los derechos de las víctimas de desaparición, tortura, entre otros.
La diputada priista, Cynthia López Castro, resaltó que los puntos más graves de la reforma son la eliminación de derechos de víctimas, el recorte del Plan de Persecución Penal en vez de 9 años a 3 años, el regreso a una institución jerárquica en la que el Fiscal General de la República puede dictar órdenes a los fiscales.
También elimina las posibilidades de instalar un servicio de carrera basada en el desempeño y experiencia de los fiscales, elimina esquemas flexibles para la investigación, elimina el enfoque de fenómeno criminal.
“En breve, retornar al viejo e inoperante esquema de la PGR”, dijo.
Organizaciones civiles, colectivos de familiares de personas desaparecidas e incluso la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, han advertido que la nueva ley implica un retroceso en procuración e impartición de justicia en México, sobre todo en atención a víctimas.
Fuente: El Heraldo de México
