Su sueño era obtener una notaría.
Enrique Toro Ferrer la peleó con uñas y dientes desde hace varios sexenios pero nunca se la otorgaron, pese a las recomendaciones de algunos políticos como Juan Díaz Pimentel, “su amigo”, al que finalmente traicionó y también se enfrascaron en un pleito legal porque el abogado pretendió despojarlo hasta de terrenos en su rancho allá por los rumbos de La Ciénega, Zimatlán.
¡Ver para creer!
La historia de despojos data desde hace varios años, se sentía intocable, pero su peor error, fue sacar de manera violenta al caricaturista José Antonio López Bolaños de su domicilio, a quien lo encañonaron y amarraron, le vendaron los ojos y no le permitieron ni siquiera sacar sus medicinas contra el cáncer.
Que no le dejó otro camino, eso alega el abogado.
La intención de Toro Ferrer es quedarse al 100% con una propiedad que está en litigio y que no quiso resolver mediante el diálogo y acuerdos, declaró en su momento la víctima, y se le hizo fácil, porque así estaba acostumbrado, arrebatar con argucias legaloides y violencia las propiedades, y si estas estaban abandonadas, era pan comido para el abogado.
Al gritarle a Pepe Bolaños que casi era como el “Gobernador Murat”, fue la gota que derramó el vaso, el mandatario oaxaqueño Alejandro Murat Hinojosa, para no dejar lugar a dudas, ejerció el poder y aplicó la ley, a través de la Fiscalía General de Justicia a cargo de Arturo Peimbert Calvo, quien en unas cuantas horas lograron su detención y presentarlo ante un juez de control que ordenó prisión preventiva.
La detención fue en flagrancia, después de que la víctima presentara su denuncia, al encontrar al abogado Toro Ferrer y a 8 personas más, entre ellos una mujer, en el domicilio de la calle de Porfirio Díaz en el centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez, delito que puede configurarse hasta en delincuencia organizada, despojo agravado y privación ilegal de la libertad.
De acuerdo con la carpeta de investigación 14464/FVCE/OAXACA/2021, el sábado 1 de mayo de 2021, aproximadamente a las 09:00 horas, la víctima fue amenazada con armas de fuego por el probable responsable y otros sujetos, quienes lo obligaron a abandonar su domicilio particular, fue torturado.
En el caso del cartonista de El Imparcial de Oaxaca, se esperará el desahogo de pruebas y lo que la justicia dictamine, mientras vence el término constitucional y el juez de control emite su fallo.
Toro Ferrer en su defensa estaría aportando pruebas de haber ganado el litigio de la posesión de la propiedad del inmueble en disputa, que perteneció a Miguel Bennets, quien murió intestado. Se viene todo un asunto legal en este tema, lo que no se justifica es la forma violenta en que sacaron a Pepe Bolaños del inmueble.
Ahora bien.
Sobre el pleito con el ex secretario de salud de Oaxaca, Juan Díaz Pimentel, primero fue porque el abogado dijo haber ganado el pleito al IMSS y pretende apropiarse de los terrenos donde se ubicaba la ex fábrica de Triplay y la empresa Novopan, motivo por el cual están confrontados a muerte, un tema que lleva más de 19 años en litigio, el cual fue invadido por ex trabajadores.
Pero el pleito se agudizó más cuando el abogado también se fue contra unos terrenos de Díaz Pimentel ubicados en su rancho por la zona de Zimatlán de Álvarez, pero no logró quedárselos.
Por lo visto se metió hasta con las propiedades de los “amigos”. Al que sí le fue mal es al empresario Carlos Guzmán Gardeazabal, a quien Toro Ferrer le quitó un terreno de cuatro hectáreas, se valió de todo, muy hábil para esos menesteres.
Y quién no recuerda el caso de Maritza Escarlet Vásquez Guerra, quien también comentó en su momento, que le falsificó la firma cuando fuera directora de Notarías, por el caso de la denuncia interpuesta por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de su apoderado legal, contra la indiciada, pues por adeudo de cuotas patronales que tenía la Empresa Novopan de México S.A. de C.V., se embargaron cuatro bienes inmuebles que fueron puestos en remate.
Y ante la falta de postores se adjudicaron al IMSS; sin embargo, Vásquez Guerra, en su carácter de Directora General de Notarias del Estado en el periodo de Ulises Ruiz Ortiz, expidió certificación de documentos presumiblemente alterados a favor de un particular.
El monto de los bienes inmuebles referidos, fue por la cantidad de $39,515,777.00. Por estos hechos la hoy diputada local pagó con cárcel, quizás sin deberla.
Después del pleito laboral con el IMSS, el también ex procurador de Justicia en la época de Heladio Ramírez López, Enrique Toro Ferrer, quien era el abogado de la empresa, dijo haber ganado el diferendo y proyectó la construcción de una plaza comercial en esos terrenos, la que inicialmente se llamaría Plaza Comercial Catrina, pero no ha logrado concretar el proyecto.
Hoy se sabe que los terrenos donde se ubicaban las ex fábricas Triplay y Novopan, a orillas del río Atoyac, una parte sí sería regenteada por Toro Ferrer, ahí presuntamente lo renta a camiones de carga que llegan a la Central de Abasto como estacionamiento y a mototaxistas que prestan diversos servicios, entre ellos hay algunos que tienen que ver con grupos delictivos, según lo que arrojan las primeras investigaciones oficiales.
En la costa oaxaqueña Toro Ferrer también tiene huella.
Hace un par de meses Toro Ferrer llegó a Huatulco con un grupo de choque a desalojar y desmantelar una playa y alberca en una parte del club de playa Bacaanda en Santa Cruz Huatulco, alegando que invadían propiedad privada de sus clientes.
Junto con Carlos Hampshire y Genaro Gómez Simmons se habrían apropiado de un predio con construcción en obra negra que estaba en aparente abandono, luego de que la empresa que se lo compró al Fonatur se mudó de Huatulco. Este predio está localizado en la zona hotelera de alta plusvalía en Tangolunda, justo en el costado izquierdo del hotel Royal Park.
El predio lo dividieron en tres partes y en la de Toro Ferrer está el hotel Las Valkirias.
Por estos hechos, el área jurídica del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) interpuso una demanda por despojo, pero no ha pasado absolutamente nada, menos ahora que el director general de esa institución federal de la 4T, Rogelio Jiménez Pons, es amiguísimo de Gómez Simmons. Finalmente, todo queda entre amigos.
Por todos estos hechos y los que se acumulen, la Fiscalía General del Estado que dirige Arturo Peimbert debe dar puntual resultado sobre las investigaciones que ya se realizan en cuanto a todas las propiedades que a la malagueña se adjudicó Toro Ferrer, la ley se debe aplicar sin distingo contra quien o quienes despojen de forma indebida el patrimonio de las y los oaxaqueños.
¡Basta de impunidad!
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